Germán Castro Caycedo dedicó sus últimos tres meses como escritor, a investigar la minería ilegal en Colombia. Un proceso del que salió decepcionado; no por encontrar limitaciones para avanzar en el que sería tal vez su último libro, sino por los hallazgos en la investigación. En resumen, lo que le dijo a su esposa y colega periodista, Gloria Moreno, fue que desistiría de dicho trabajo por una razón especial: un conflicto para él de otro tipo, más desde el plano espiritual, la sensación de decepción tras medio siglo de recorrer cada departamento de Colombia y encontrarse a sus ochenta años un saldo de deuda social desilusionador, un mundo que parecía no cambiar frente al llamado inclemente de una sociedad conflictiva y debilitada en sus bases: Castro Caycedo vio el nacimiento de nuevas mafias, nuevas formas de financiar la guerra y un Estado ausente, ocupado del impacto del mundo exterior mientras en sus cimientos una nueva guerra se avecinaba.

Cuenta Gloria que, ante la pregunta a Germán sobre las razones de su renuncia al que sería su último libro, él solo la miró y, con la ironía que caracterizaba su particular acidez, le dijo: “porque el título sería “Apocalipsis Ahora””.

«Cromos: Si tuviera que hacer un nuevo programa de Enviado Especial, ¿sobre qué lo haría?

Bueno, desde el punto de vista de denuncia, haría uno sobre el apocalipsis en el que estamos en este momento con la minería legal e ilegal de oro y coltán, la destrucción de la selva, del agua. Tengo ahorita unas 60 fotos aéreas con pequeños desiertos de 10 kms, en el cauce y en el nacimiento de los ríos. De eso el país no se ha dado cuenta».

La suma de los males

Las economías ilícitas en Colombia siempre han tenido características particulares: se dan en zonas donde el Estado ha estado ausente; por lo tanto, presentan bajos índices de desarrollo, cifras elevadas de pobreza y la presencia de grupos armados ilegales que crean un caldo de cultivo para la violencia desmedida.

Germán siempre lo decía: presencia del Estado. Esa era la necesidad más apremiante que rescataba cada vez que visitaba territorios históricos y complejos donde Colombia parecía ser otra, distante de los costumbrismos propios de las ciudades de la época, alejadas del clasismo y regidas por el instinto de supervivencia o la necesidad de hombres y mujeres de domar montañas y selvas para abrir paso a colonias humanas depredadoras.

Entre las cifras que encontró el escritor, hay datos actualizados que compartimos con quienes leen este contenido:

En el último informe de la UNODC, de junio de 2022, sobre la Explotación de Oro de Aluvión (EVOA), se evidencia que en el departamento del Chocó es donde más se concentra esta actividad con 38.980 hectáreas de explotación en fuentes hídricas, lo que representa el 40 % del total nacional; es también el territorio donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas de explotación ilícita en Zonas Excluíbles de Minería.

El Chocó no está solo en el podio de las grandes cifras; en este también lo acompañan Antioquia y el sur de Bolívar. Entre estos tres territorios concentran el 88 % de la minería de oro en aluvión. En todo el país, el 65 % de las explotaciones son ilícitas y alimentan el conflicto armado y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales que sostienen la guerra a partir del aprovechamiento del oro ilegal; un ejemplo de estos es el temido Clan del Golfo, que justamente controla estos tres departamentos, el Caribe y otras regiones de Colombia como un paraestado con aplastante poder militar y un entramado de corrupción al mismo estilo de las antiguas autodefensas de los hermanos Castaño.

Para abril de 2022 la Policía Nacional había identificado 1.196 explotaciones ilegales y tenía un mapa preocupante de influencia de esta economía en el país, empezando al norte por el sur del departamento de Bolívar, y descendiendo dramáticamente por Antioquia, Chocó, Caldas, Valle, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, al occidente del país. En el costado oriental, se visten de rojo en cifras los departamentos de Vichada y Guainía.

En el primer grupo de departamentos, es donde hoy están concentrados los grupos armados ilegales más poderosos, capaces de desafiar al Estado y su fuerza, imponiendo sus reglas y azotando violentamente a comunidades enteras que deben someterse a sus mandatos. Al ver el mapa o con solo escuchar los nombres de estos lugares, encontramos una historia repetida de violencia, de reclamos sin escuchar y del narcotráfico que convive con esta tragedia; como si ahora fuera un placebo para que las autoridades sigan con la infructuosa guerra contra las drogas, mientras debajo de las cargas, indetectables, se mueven kilos de oro.

Metástasis

Así, mientras en 2021 la cifra de explotaciones clandestinas destruidas se acercaba las 4.000, solo en los primeros 4 meses de 2022 ya había mil nuevas áreas detectadas por las autoridades y el número era creciente. La minería ilegal es un mal que crece en la misma proporción que se reproducen la pobreza y el subdesarrollo.

Las comunidades están involucradas, pues encuentran esta economía como una opción de vida, un trabajo para garantizar la supervivencia de sus familias. Alquilan las maquinarias y compran indumentaria a los grupos armados y, cuando llega la Policía a destruir los campamentos, estos los reciben con violencia. Una historia muy parecida a la que sucedió en los territorios cocaleros a finales de los 90, cuando esta desafortunada confrontación terminó fortaleciendo a los grupos armados ilegales entre las comunidades que se distanciaron del Estado.

Desde Medellín y Cali se exporta el oro que se extrae de manera irregular hacia países como Estados Unidos, Turquía, India y Emiratos Árabes, entre otros. El negocio crea millonarios, mafias poderosas y transnacionales, repúblicas independientes del crimen que dejan la impresión de que, a pesar de la ilusión de una paz que entusiasmó a buena parte del país en 2016, allá parece que no ha pasado nada. Siguen los mismos con nuevos nombres, o incluso con los mismos, ni siquiera con algún cambio de enfoque.

Esta economía no solo genera ingresos por la compra y venta del metal, también se sostiene de impuestos que cobran los grupos que mantienen alguna clase de orden en el territorio. Un barequero, o minero ilegal, debe pagar impuestos que oscilan entre los $50.000 y $100.000; el funcionamiento de una explotación minera informal e ilegal, debe pagar entre $100.000 y $1’000.000; y el ingreso de cada máquina amarilla debe hacer una contribución de entre $2’000.000 y $3’000.000.

La ilusión de la paz

El oro, que es uno de los mayores atractivos de la minería ilegal, se extrae usando elementos altamente tóxicos como el mercurio, que, una vez ingresa al ciclo ecológico a través de la explotación, afecta a las especies nativas y termina intoxicando a sus consumidores, que son los seres humanos. Cada gramo de este elemento contamina 500.000 litros de agua y se ha detectado en niveles alarmantes en personas que habitan las zonas de alta explotación minera en Chocó.

La violencia, las mafias, el daño ambiental y las consecuencias sobre la salud humana. Todo parece una historia que se repite, que paso de la coca, la amapola y la marihuana, a los metales. Falla la regulación, fallan las estrategias, falla el Estado que sigue sin hacer presencia y sufren los colombianos más pobres.

En un escenario de Paz Total, lo que Castro Caycedo se estaría preguntando seguramente sería: ¿Y dónde está el Estado? Pues mientras esta súplica no se resuelva, no es posible que la ilusión de paz se vea igual en las ciudades capitales que en el campo, justamente donde la balanza se desequilibra y cae.