En el clima político y social actual, un tema ha resurgido con gran impacto: los ‘Falsos Positivos’. Estos crímenes cometidos por la Fuerza Pública fue un tema de especial interés en las últimas conversaciones de Germán Castro Caycedo, cuando afirmaba que existía una necesidad de garantizar la justicia para la Colombia más pobre, que no tenía posibilidad de aparecer en las pantallas para reclamarla.

En estos tiempos, en que paulatinamente se van revelando nuevos datos e información sobre el carácter sistemático de las acciones de la fuerza pública. Solo basta con escuchar los testimonios expuestos en las audiencias de reconocimiento de la JEP durante los días 27 y 29 de junio de 2023, en las que militares reconocieron que dicha práctica se configuró por el impulso de una política de gobierno en la que se puso precio a las bajas y, con estas, los miembros de la fuerza pública que las ejecutaban recibían recompensas y reconocimientos.

Así lo expresa un informe de prensa la JEP:

El sargento (r) Fidel Ochoa también contó que los batallones que no cometían falsos positivos eran castigados y pasaban hasta diez meses en campo, sin poder ir a sus casas a encontrarse con sus familiares.

“Esta práctica se vuelve sistemática con la llegada del general Montoya a la Séptima División. Este general efectuaba programas radiales donde nos decía a los comandantes: Yo no necesito litros de sangre, necesito carrotanques de sangre”, dijo Ochoa.

Como un negocio, así fue como Castro Caycedo identificó estas actuaciones de la Fuerza Pública, una manera de  ilustrar el trágico abuso del Estado y su fuerza armada y la manipulación de la realidad con fines económicos e incluso políticos. Pues el reconocimiento de los botines de guerra representaba réditos para la política de seguridad del Gobierno, la cual, determinó desde las votaciones para la Presidencia, hasta las del concejo de cualquier municipio.

Un rentable negocio de civiles inocentes, etiquetados falsamente como guerrilleros para inflar las estadísticas de ‘bajas en combate’ y ganar recompensas monetarias, ascensos y hasta elecciones; fue el discurso que determinó el nivel de patriotismo que debía expresar un político para ser aceptado en lo que el mismo Álvaro Uribe denominó un «Estado de Opinión»; con una creencia popularizada que consideraba que el éxito del país dependía de un exterminio implacable sobre las subversión.

Defensor de la JEP

El reportero también anticipó lo que vendría para la JEP, y por esta razón se convirtió en uno de sus más acérrimos defensores, pues considerada que el tribunal era la única oportunidad que tendrían familias como las de Soacha para esclarecer lo sucedido con sus hijos, sin entrar a hacer fila en los apilados mesones de los juzgados de la justicia ordinaria o la poco fiable (para estos casos en particular) justicia penal militar.

Es gracias a la JEP que la discusión pendiente sobre los falsos positivos vuelve al foco de atención con testimonios de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Dabeiba, Antioquia. Estos han arrojado importantes luces sobre las prácticas ilegales y las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado en Colombia y que muchos sectores políticos han intentado mantener ocultos, para quienes la estrategia de arrasar con territorios enteros de manera violenta y sin considerar los Derechos Humanos, es una práctica aceptable.

La JEP representa un esfuerzo crucial para hallar la verdad, la justicia y la reparación en un país después con décadas de violencia y conflicto. Los testimonios proporcionados en Dabeiba podrían contribuir a esclarecer la sistematicidad de los ‘Falsos Positivos’, permitiendo que las víctimas y la sociedad en general puedan obtener justicia y reparación. Y también contribuir a que el respeto de los derechos humanos sea una hoja de ruta de las fuerza pública y no se entienda dentro de las filas como una imposición subversiva de la que hay que prescindir, imponiendo el discurso de que la guerra debe ser cruel y se debe aceptar cualquier conducta violatoria de derechos si viene de las fuerzas del Estado.

Este importante desarrollo refuerza el mensaje fundamental de la obra de Castro Caycedo: que la búsqueda de la verdad y la justicia debe continuar y que los responsables de estos ‘Falsos Positivos’ deben comparecer ante las instancias creadas para garantizar la paz con justicia; la cual debe construirse sobre la base de la verdad.

Este fue el texto escrito por el autor antes de ser publicado en su libro Huellas:

Falsos Positivos

NEGOCIO DE MUCHOS MILLONES

Comercio y cifras de las que no se ha hablado cuando se toca esta historia oscura. Apartes de un capítulo de “Huellas” el último libro de Germán Castro Caycedo.

 

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“Mi Teente Rodríguez Montes Juan Heliodoro y Mi Primero Castellanos Vargas Hermenegildo recibieron cada uno 5 millones de pesos como recompensa ordenada por el gobierno: una fortuna por la matada que le pegamos a un tal Manuel Merchán, alias El Perro, que según  mi Teente “se trataba de un cabecilla reconocido por su atrocidad en su accionar contra la población civil. 

“Ese dinero lo debieron repartir con  el mando, según se volvió costumbre”, dice el sargento Rosendo Garnica. 

 En términos castrenses la baja de un enemigo en combate es una Acción Positiva, pero a partir del año 2005 comenzaron a ser llamadas Falsos Positivos como el de Manuel Merchán que no era ni El Perro, ni guerrillero, ni mucho menos “cabecilla reconocido por su atrocidad…”. No. Era un campesino. 

Luego del hallazgo de su cadáver en una zanja, “escenario del combate”, a 183  kilómetros de Sogamoso, donde un juez describió lo que según él eran, “Falsos Positivos realizados por militares: 

“Generalmente escogen hombres jóvenes. Unas veces les ofrecen trabajo lejos de su tierra. Otras, sencillamente los secuestran. Son llevados a muchos kilómetros de su medio para que sus cadáveres no fueran reconocidos como los de gente honrada. Allá los disfrazan de guerrilleros. A algunos los torturan… Luego los matan a balazos. Y para simular que realmente hubo acción, en algo que llaman “Reporte Operativo” hacen figurar armas, municiones, todo un arsenal, que dicen que les decomisaron. Y les dan premios de millones. Millones de los que jamás se ha hablado cuando alguien toca estas historias…. Los asesinos también reciben días libres, ascensos, y hombre, cartas de felicitación por haberles dado de baja a miembros de la guerrilla”.  

¿Desde cuándo? 

Desde el 17 de noviembre del año 2005 cuando el presidente Uribe Vélez le puso precio a la muerte mediante una Directiva Ministerial —la número 29, marcada con la palabra SECRETO al comienzo y al final de cada una de sus quince páginas— que firmó su Ministro de Defensa, Camilo Ospina. Su nombre completo, Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal. Para Uribe, “un  humanista”.  

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el 2005 cuando en el marco de lo que el Presidente Uribe llamó Política de Seguridad Democrática, empezaron a surgir centenares de muertos, no propiamente todos terroristas como los calificaba ahora, imitando al presidente de los Estados Unidos cuando se refería a los yihadistas de AlQaeda. 

Siguiendo esta pauta, el ejército comenzó a revelar éxitos basándose en el número de bajas obtenidas.  

Pero en esa obsesión por demostrar que estaba borrando de Colombia a la guerrilla de la Far, la Directiva Ministerial, además de su espíritu criminal, marcó el  surgimiento de un negocio descomunal: miles de millones de pesos como pago de recompensas a militares por la muerte de terroristas, y por recuperación de material de guerra… 

Según la Fiscalía, el abatimiento de seres inocentes, hasta el año 2018 llegaba a cerca de 5000 casos en diferentes lugares del país, a partir de la Orden Ministerial.  En el desarrollo de este plan, los años más intensos fueron el 2006, el 2007… Y el 2008, cuando surgió a la luz la matanza de unos jóvenes aprehendidos en Soacha.  

(Estos últimos años, el comandante del Ejército fue un general llamado Mario Montoya Uribe). 

Según las estadísticas conocidas, el peso de la medida del gobierno en el resultado general de la contienda en Colombia es, sencillamente brutal. 

Por ejemplo, en el año 2006, de un total de 548 bajas reportadas por el Ejército, 258 correspondieron a Falsos Positivos. 

En el 2007 y el siguiente —los más salvajes—, de 494 bajas, 431 fueron de desempleados, trabajadores del campo, artesanos, albañiles…Y en el 2008, de 247, 217 también fueron de seres indefensos.     

El 2008 fue justamente cuando surgió a la luz el exterminio de once jóvenes engañados en Soacha —vecina de Bogotá—, y ante la reacción del país, los militares continuaron con su negocio, pero dice un investigador, “a partir ahí los asesinatos fueron regulados por los mandos que sucedieron a Montoya Uribe, tratando de bajarles el tono para no darles motivo a los comunistoides de los Derechos Humanos” de manera que, por ejemplo, en el año 2009 sólo aparecieron los cadáveres de diez terroristas disfrazados y torturados. En el 211, cinco. En el 2016, tres.

Aquel año 2007, más que el resto, podría ser un capítulo singular en la Historia Universal de la Infamia: 

Una de sus caras es Fernando, un joven sordomudo que según mi Teente Velasco y su tropa, “se trataba del cabecilla de una banda criminal muerto en combate”. 

Él había desaparecido de Bogotá el 7 de diciembre y sus restos fueron hallados nueve días después en  la vereda La Josefina, en San Luis, vía que comunica a Medellín con la capital, a 376 kilómetros del punto donde fue secuestrado. 

Fernando Pamplona, su padre, salió con él hacia el trabajo pues no podía dejarlo solo porque cuando niño aquel tuvo una convulsión que lo dejó sordomudo, con algunas deformidades y un retraso mental. 

Pero aquella mañana, mientras trabajaba en la construcción de una casa notó que su hijo ya no estaba allí.  

Lo buscó. Lo buscó…  

Denunció su desaparición y una semana después la Fiscalía le anunció que Francisco había aparecido en Antioquia. 

El cadáver tenía varias heridas de arma de fuego en el tórax. El “Reporte Operativo” de los militares señalaba que “se trataba de un cabecilla de estructura rural que realizaba actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas y  había muerto en un enfrentamiento con el pelotón Dragón Uno del Ejército Nacional de la República de Colombia”. 

Por la baja de delincuentes de este nivel, la Directiva Ministerial establece en su Numeral IV un fondo de 68 millones 760 mil pesos (31.260 dólares de esa época), de los cuales el oficial que comandaba la tropa, recibió como recompensa 7 millones de pesos para él y sus superiores. 

Junto al cadáver de Francisco fue hallado el cartel que portaba siempre con el letrero, “Soy Sordomudo”. Él era zurdo pero en la fotografía que le tomaron luego del combate, sostenía una pistola con la mano derecha. El Reporte señalaba luego: 

“Los subversivos bajo su mando lograron huir, dejando abandonado parte del armamento al lado del cadáver del cabecilla:  

“Una ametralladora Punto-50, (3 millones de pesos como recompensa), dos ametralladoras M-60 (4 millones), cuatro fusiles (4 millones), un lanzagranadas RPG7 (un millón), un mortero de 120 milímetros (2 millones), cuatro granadas para mortero (720 mil pesos), seis granadas de mano (600 mil pesos), 180 municiones para arma larga (un millón 800 mil pesos) y cuatro carpas individuales (200 mil pesos)”.  

Recompensa por la “recuperación” de este armamento, 17 millones 320 mil pesos (79 mil dólares) para el jefe de la tropa y sus superiores. 

Posteriormente, una jueza mandó a la cárcel al teniente activo del Ejército Giovanni Velasco Méndez, comandante de la tropa.

De acuerdo con un documento oficial, el 8 de agosto del mismo año 2007, en la Operación Soberanía del Ejército Nacional de Colombia, tropas del Batallón José Hilario López se enfrentaron a una columna guerrillera en la vereda Clarete Alto, inmediaciones de la vía Totoró-Popayán, resultando tres terroristas abatidos en combate. 

En la operación participaron efectivos del Pelotón Especial Batalla I, en el marco de la Estrategia Antílope II. 

Según ese reporte, tras un combate prolongado, los militares dieron de baja a tres subversivos y recuperaron una ametralladora Punto 50, un fusil AK47, un fusil Colt M16 calibre 5.56, un revolver Ruger Americano Calibre 38, un revólver Smith Wesson, diez granadas para fusil, 22 granadas de mano, 12 proveedores para Arma Larga y 320 municiones para diferente armamento, 4 estopines eléctricos.  

Por la “recuperación” de este arsenal, el comandante de la tropa recibió para él y sus superiores, 12 millones 960 mil pesos (59 mil dólares).    

Los cadáveres —dos de ellos rotulados como cabecillas—, y el armamento fueron trasladados a las instalaciones del Batallón José Hilario López para que la Fiscalía realizara las diligencias del levantamiento y los informes forenses de dactiloscopia. 

 En el Numeral III de la Directiva se establece como recompensa “por la baja de cabecillas que efectúan actividades de planeación”, un fondo de 191 millones de pesos, de los cuales el comandante de la patrulla y sus superiores recibieron 30 millones (14 mil dólares). 

Dieciocho días más tarde, la Fiscalía identificó a las víctimas como Edgar Obando Mestizo, alias `El Rolo´, Carlos Alberto Satizabal Porras, alias `Porritas´ y Carlos López Hurtado, alias `El Rolo´, recogedores de cartón para reciclaje en el barrio San Fernando, Sur de Cali, cuyos cadáveres fueron hallados a 98 kilómetros de donde habían sido abordados.  

Según el Tribunal Superior de Popayán, los tres hombres fueron llevados con engaños hasta el lugar de los hechos, presentado luego por militares como “escenario del combate” 

Posteriormente la Sala Penal de ese Tribunal condenó a penas de 50 años de prisión al sargento Aldemar Ramel Cervantes Pedroza y a cuatro soldados profesionales de aquel Batallón. 

El 14 de noviembre del mismo 2007, miembros del  Ejército adscritos al Pelotón “Corcel II” perteneciente al Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 “CR Juan José Rondón” de Buenavista, en desarrollo de la Orden de Operaciones “Magistral”, misión Táctica “Nirvana” fueron emboscados por un grupo subversivo. 

Lugar, finca “La Elvira”, sector El Corral. Coordenadas, LN 10º 39´06, municipio de El Molino, Guajira. 

Según el informe presentado por el teniente Gonzalo Vélez Alzate comandante encargado de “Corcel II”, en el combate fue dado de baja el sujeto Paolo Manuel Castro Mejía. Vestía ropa de camuflaje.  

Según el parágrafo IV de la Directiva Ministerial, en este caso la recompensa para el oficial y su superior fue de 7 millones de pesos (32 mil dólares). 

Además, según el reporte castrense, en la operación fueron incautadas una Subametralladora de 9 milímetros Militriage Trice Bereta, 170 municiones para el arma, un silenciador, seis granadas de fragmentación tipo piña, un teléfono satelital, lentes de visión nocturna y un computador portátil con información de interés para la Inteligencia del Estado. 

Por este arsenal, el oficial y su superior recibieron 28 millones de pesos. (Trece mil dólares).  

 Durante la investigación penal, la Fiscalía estableció que Paolo Manuel, el subversivo de esta historia, era simplemente un desempleado, a quien contactó un hombre conocido como “El Cachaco” y le dijo que se trasladara hasta Chiriguaná, Cesar, a kilómetros y kilómetros. Allí le daría un trabajo como lavador de carros en la mina La Loma, a cambio de 900 mil pesos mensuales: 

“El Cachaco” recibió como pago por “delatar” a la víctima, un millón de los seis que cobró el oficial del caso.  

SOACHA,  EL DETONADOR 

El fenómeno que había comenzado en el año 2006 al tenor de la Directiva Ministerial 29, se mantuvo en un perfil bajo hasta marzo del año 2008 cuando comenzó a salir a la luz la masacre de once jóvenes de Soacha.  

La mayoría de los desaparecidos allí comenzaron a caer  en manos de militares el 2 de enero del año 2008 y cinco cadáveres aparecieron dos meses después en la vereda Agua de la Virgen, en Ocaña, a 637 kilómetros de su entorno habitual.  

Inicialmente ellos fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate. Medicina Legal reveló que habían sido torturados antes de su muerte. 

En este primer hallazgo, las víctimas eran Diego Alberto Tamayo Garcera, quien según el “Reporte Operativo” castrense, “Se trataba del cabecilla de una estructura mayor responsable de planificar y coordinar el mayor número de acciones terroristas de relevancia nacional”. El comandante de la patrulla cobró una recompensa de 21 millones de pesos: se trataba de  “un Cabecilla de Estructura Mayor” según el parágrafo II de la Directiva Ministerial. 

Recompensa salida de un fondo de 1.719 millones de pesos (782.000 dólares). 

Le siguieron Víctor Fernando Gómez Romero, presentado como “Cabecilla de Estructura Urbana”. Pago para el comandante de la patrulla que le dio de baja, 4 millones 775 mil pesos. 

Dinero de un fondo de 191 millones de pesos (87 mil dólares), destinados para recompensar a quienes “neutralicen” a este tipo de subversivos. 

Luego Jader Andrés Palacios Bustamante, “Cabecilla de estructura rural que realizaba actividades de planeación y ejecución de actividades terroristas”. 

El oficial que realizó su baja fue recompensado con la suma de 6 millones 300 mil pesos. 

Finalmente fueron ejecutados Julio César Mesa Vargas y Johnatan Orlando Soto Bermúdez, “Miembros rasos de escuadras responsables de desarrollar acciones terroristas”. La recompensa para el oficial que les dio de baja y su superior, fue de 3 millones 815 mil pesos por cada uno de los “terroristas” abatidos en combate (once millones quinientos mil pesos / 5  mil dólares)  

Pero, una diana había abierto esta secuencia:  

Fair Leonardo Porras, el primero de aquellos, 26 años, ayudante de albañil, fue declarado por su familia como desaparecido el 8 de enero, seis días después de haber notado su ausencia.  

Una semana más tarde, el día 12, el sargento Medardo Ríos Díaz en nombre del Ejército y agentes de la Fiscalía realizaron el levantamiento de su cadáver. 

 Por su muerte, el comandante de una escuadra que dijo haberlo dado de baja en un combate, cobró —para él y algunos de sus superiores— trescientos treinta millones de pesos (726 mil dólares) salidos del fondo más alto autorizado en la Directiva Ministerial:

Parágrafo I – Página 3: 

Cinco mil millones de pesos (2 millones 300 mil dólares) como recompensa para quien dé de baja, “Hasta un tope de 15 cabecillas públicamente reconocidos por su atrocidad en su accionar contra la población civil y que constituyan una amenaza para la seguridad nacional”. 

Las recompensas por los pocos casos hasta aquí mencionados, sumaron 148 millones de pesos. No obstante, informes judiciales dan cuenta de 4638 casos.

LA CADENA 

Autoridades penales establecieron que la cadena de Falsos Positivos comenzaba por delincuentes a quienes algunos militares llamaron “reclutadores”. 

Su trabajo consistía en hacer contacto con posibles víctimas y luego, mediante engaños, entregárselas a los homicidas, lejos de sus hogares.  

Por este delito, inicialmente los jueces ordenaron la captura de un tal Pedro Gámez y de un Alexander Carretero que confesaron cómo, por encargo de suboficiales conocidos por ellos, hicieron contacto con los primeros seis jóvenes a quienes les lanzaron como señuelo trabajos bien remunerados. 

A aquellos que aceptaron inicialmente les pagaron pasajes hasta Ocaña y allí, en un falso retén ubicado en el camino, se los entregaron a una patrulla militar. 

Gámez y Carretero: 

“Mi Teente Coronel Gabriel Rincón Amado de la Brigada Móvil 15 ordenaba que nos pagaran un poco más de un millón de pesos por cada cabeza”:  

Desde luego, ese dinero era apenas una fracción de la recompensa que el oficial hacía figurar como pago por la supuesta información de los reclutadores que había conducido a la localización de los terroristas.  

Carretero confesó ante el juez que con la promesa de un buen sueldo se había llevado a Fair Leonardo Porras para Ocaña de acuerdo con el mismo sargento Ríos Díaz quien le entregó, además del millón de pesos, un dinero para su transporte y el del joven, y unos pesos más para que comprara aguardiente y algo de bazuco “para trabar a los sujetos” antes de haberlos puesto a su disposición. 

Como en todos los casos, una vez en poder de militares, “los secuestrados eran disfrazados con ropa de camuflaje con poco tiempo de uso, por la que también cobraban recompensas… Y claro, les daban la droga”.  

Él declaró también:  

“A Fair Leonardo yo se lo entregué personalmente a mi sargento Ríos Díaz y a un cabo. Ellos le quitaron sus documentos y poco tiempo después supe que lo habían tronado…  

“Sí... Después repetí el negocio con varios muchachos que pedían, unas veces mi sargento Javier Ediel Duque, otras veces mi cabo Richard Jojoa, otras mi cabo Gabriel Espinosa… Y así.  

“Luego volví a Bogotá y me llevé a un Diego Tamayo. Después a un tal Víctor Gómez, a otro que le decían Haider Andrés…”,  confesó el delincuente. 

 Alexander Carretero venía de Aguachica en el Cesar. Era un hombre del bajo mundo y su primer contacto con el ejército en Ocaña fue el sargento Dairo José Palomino Ballesteros del Batallón Santander. 

Según documentos, éste hombre fue clave en la venta de varias víctimas al Batallón Santander y a la Brigada Móvil Número 15. 

RESUMEN 

Un ejemplo de la feria generada por la Directiva Ministerial en torno al precio por la ejecución de seres inocentes, se encuentra en un informe sobre la auditoria gubernamental realizada al rubro de Gastos Reservados de la Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional, vigencia 2008 —uno de los más intensos—, (folio 10 de 57 – Recuadro: Concepto del Gasto): 

Únicamente ese año, miembros del ejército manejaron en operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia, para pago de informaciones, por recompensas y por algo que llamaron Asesoría Especializada y Gastos de Funcionamiento, la suma de $ 31.963´742.730:  

Treinta-y-un-mil-novecientos-sesenta-y-tres… millones de pesos. Y a la vez, el  asesinato, uno a uno –algunas veces grupos de tres o cuatro–, de 217 ciudadanos inofensivos, presentados como “Acciones Positivas en la lucha contra la subversión”.   

(Quince millones de dólares). 

Ante la divulgación y el rechazo que causó este nivel de depravación, el ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal renunció a su cargo. Para compensarlo, fue nombrado embajador de Colombia en la OEA/Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“Un humanista”.