Marandúa, San José del Guaviare, Tres Esquinas y Leticia, son tres puntos estratégicos en la geopolítica suramericana. Todos, lugares con poderosos radares ubicados en Colombia que determinan la avanzada de una “cabeza de playa”, como se le conoce en la guerra al primer paso de infantería sobre un área costera, el cual se considera conquistado y determina la avanzada para la ocupación absoluta de un territorio. Así cuenta Germán Castro Caycedo, en su libro ‘Nuestra Guerra Ajena’ (2014), la estrategia militar de Estados Unidos que convierte a Colombia en el escenario de una guerra privatizada cuyo pretexto es combatir el narcotráfico, pero que, según el autor, va más allá: por el agua y los recursos naturales estratégicos. Desde estas estaciones de radar mucho se reporta para el Gobierno de Estados Unidos.
Los cables revelados por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) y que sirvieron a la Comisión de la Verdad para construir el informe final, revelado el pasado 28 de junio, son una confirmación de lo que Castro Caycedo publicó en su libro, que reconstruye la guerra contra el narcotráfico, el Plan Colombia, y las intervenciones de Estados Unidos en el país que contribuyeron a configurar el conflicto armado interno.
Así, por lo menos, lo revela la Comisión, al cuestionar cómo el país convirtió la guerra contra las drogas y sus recursos en una herramienta para confrontar a las guerrillas, especialmente a las FARC, bajo la etiqueta de grupos “narcoterroristas”. Estados Unidos manifestó su inconformidad con el manejo de los recursos para la lucha antinarcóticos; sin embargo, calló y esperó el cambio de denominación de los grupos armados insurgentes para continuar con su estrategia.
Un simple ajuste lingüístico sirvió para que los gobiernos ejecutaran una campaña antisubversiva, a los ojos de muchos expertos, infructuosa, cuyas consecuencias fueron devastadoras en la pérdida de vidas humanas, violaciones de derechos humanos y una crisis institucional que puso en vilo el prestigio y legitimidad de las Fuerzas Armadas.
«Nuestra guerra es una guerra ajena, en la cual, los intereses y la geopolítica que la determinan tampoco son los nuestros». Así el periodista colombiano definía la guerra contra las drogas en Colombia, para la cual se destinó una gran proporción de los recursos de los colombianos.
Según el CELAG, el gasto militar en Colombia alcanzó una cifra del 11 % del PIB en 2018, casi tres veces más alto que el promedio de América Latina. Pero entre 1990 y 2006, este gasto pasó del 9 % al 18 % y coincidió con un incremento de la deuda pública del 14 % al 30 % del PIB. Según Castro Caycedo, el Plan Colombia, que se firmó en el año 1999, solo recibía el 11 % de los recursos de EEUU; el restante provenía de Colombia. El país ha enfrentado una guerra ajena y también la ha tenido que financiar.
“No se llama Plan Colombia, se llama Ofensiva al Sur”
“El pretexto de la guerra contra las drogas es el agua de la cuenca amazónica y al acuífero guaraní”, afirmaba el escritor y periodista, refiriéndose a la crisis que enfrenta Estados Unidos con sus reservas de agua. Además, apuntaba que la diversidad biológica también es uno de los objetivos que esconde esta estrategia.
La “Ofensiva al Sur” es lo que hay detrás del magnánimo nombre “Plan Colombia”, una denominación publicitaria. Este es parte de un plan de expansión del Gobierno estadounidense para dominar los territorios en los que se produce la mayor cantidad de agua en el mundo: “Quien controla el agua, controla la vida de los seres humanos”, expresaba el periodista; un verdadero cambio de paradigma geopolítico frente al siglo pasado, cuando no había consciencia sobre los recursos naturales: “Quien controle la Eurasia, controlará el mundo”.
Pero, ¿cómo puede existir una ofensiva si no hay tropas y conquista de un territorio? Esta es la otra parte que explora Castro Caycedo: la guerra privatizada, cuyo componente principal son los mercenarios o ejércitos pagados. Otra estrategia que se aplicó en Colombia y que se volvió parte del panorama yendo más allá de la cooperación militar.
La guerra de los mercenarios: “Estados Unidos está en la guerra, pero no está”
Bajo la figura de Contratistas, Colombia ha recibido centenares de mercenarios que ingresan al país como pie de fuerza de la guerra ajena. Efectivos que obran con total impunidad y cometiendo todo tipo de faltas y excesos amparados con recursos de la nación. Así lo registraba el escritor en su libro:
«Una vez hice un vuelo Bogotá – San José para recoger unas camionetas de los gringos, luego hice San José – Yopal, tomamos combustible en Yopal y llegamos a la base militar de Marandúa cerca de las seis de la tarde.
En Marandúa se trepó Mister Ron con seis prostitutas que tenía allá desde hacía varios días. Las habían llevado en otro avión por cuenta del Plan Colombia…
En las bases ellos viven alejados, se alojan en unas cajas grandes como contenedores, con aire acondicionado y todas, pero todas las comodidades. En su zona hay restaurante, bar, y parece que allá no arrima ni el comandante de la base militar colombiana».
La principal empresa proveedora de contratistas es la DynCorp, que también ha empleado cuerpos armados en diferentes países del mundo y, bajo la misma figura, sirve a los intereses de los Estados Unidos. Gran parte de estos “contratistas” trabajaban en la fumigación de cultivos de uso ilícito como pilotos y no tenían ni siquiera experiencia convalidada en el país.
De estas situaciones, que eran parte de la cotidianidad en el convenio de cooperación, surgieron casos como el de la base militar en el municipio de Melgar, a dos horas de Bogotá, donde ciudadanos americanos grababan pornografía con mujeres de la zona para venderla en Estados Unidos, algunas de ellas eran menores de edad.
Para el año 2006, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, había entre 3.500 y 4.000 mercenarios de los Estados Unidos en Colombia, cifra que le confirmaron las fuentes al periodista. Una gran proporción de estos “contratistas” trabajaban para la fumigación de cultivos de uso ilícito y no tenían ni siquiera experiencia convalidada en el país.
Video: «La guerra moderna se hace con mercenarios»
Esta campaña de guerra, más que “contra las drogas”, “por el agua”, es la avanzada de una gran conquista: la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), en español Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero, es la agencia que, en alianza con el sector privado promueve la política exterior de los Estados Unidos. Para el año 2003, esta organización anunció un paquete de inversión de US. $245 millones para el rubro de agua en mercados emergentes.
La guerra privatizada, que apunta a intereses estratégicos y comerciales de lo que pareciera una colonización moderna, tiene muchos beneficios para el gran ejecutor, dos de ellos sirven para configurar el panorama; el primero, la muerte de un mercenario no tiene trascendencia; el segundo, los crímenes que estos cometen se escapan a cualquier legislación local.
Fumigación bajo presión de los Estados Unidos
Las fumigación de cultivos de uso ilícito es uno de los temas que más divide la alta política en Colombia en este momento, precisamente porque un sector de corte liberal y progresista considera que esta estrategia no ha funcionado. Su contraparte conservadora apunta que esta podría ser eficaz con un compromiso más sostenido del Gobierno Nacional. La preocupación de Germán Castro Caycedo siempre fue más allá: la afectación sobre la salud humana, la supervivencia de las familias cultivadoras y el impacto sobre el medio ambiente.
(Lea aquí: ‘La lucha de Germán Castro Caycedo contra el Glifosato’).
Las fumigaciones han obedecido principalmente a la insistencia de los Estados Unidos para mostrar resultados en la eliminación de los cultivos. Sin embargo, las consecuencias son diferentes y, además de demostrar que el negocio prolifera trasladándose de un territorio a otro, reafirma que hay un impacto ambiental considerable sobre el bosque natural y la seguridad alimentaria de las comunidades, además de las actividades agropecuarias que secundan la economía cocalera. Ahora hay evidencias de graves afectaciones a la salud humana con abortos espontáneos y malformaciones fetales.
La eliminación con aspersión ha marcado serias distancias entre los campesinos y el Gobierno y sus fuerzas armadas. Hoy las comunidades cultivadoras ven al Estado como enemigo y por eso en esas zonas proliferan los grupos armados ilegales, que aprovechan el escenario de desconfianza para maniobrar con absoluta impunidad y sostienen su guerra financiados por el narcotráfico; fenómeno al que no fueron ajenas las mismas FARC. El informe final de la Comisión de la Verdad, revela esos primeros pasos para la criminalización del campesino cultivador:
«Tras las marchas campesinas en 1996 hubo visitas del gobierno de los Estados Unidos junto a miembros de la fuerza pública colombiana a las bases de Villagarzón, Putumayo, y Larandia, Caquetá, para adecuarlas como bases para la fumigación aérea. A pesar de las movilizaciones campesinas que demandaban la cancelación de esta política al gobierno colombiano, este siguió con su estrategia».
«Es más, el gobierno de los Estados Unidos, en la estrategia del Plan Colombia, consideró una partida presupuestal de Usaid que cubría el pago de reparación de daños por la aspersión, incluido el desplazamiento».
La enemistad entre el Gobierno y la ciudadanía, aunada a la falta de confianza en las instituciones, ha sido un combustible para la guerra, con Estados Unidos en el medio persiguiendo sus propios intereses. Pero, desde la perspectiva del informe de la Comisión de la Verdad, Estados Unidos es visto como un actor relevante que reclamó el cumplimiento de una condición que percibió infringida: la de no cruzar la línea que divide la lucha contra el narcotráfico de la antisubversiva. Sin embargo, dicha línea es invisible, pues desde hace muchos años en Colombia no existe la subversión, sino los narcoterroristas. Otro capítulo que vale la pena leer en el archivo histórico que logró recuperar la Comisión de la Verdad.
«La dirección del Plan Colombia arremetió contra los campesinos y generó tensiones y afectaciones al proyecto de los ‘Laboratorios de Paz’, y a quienes se oponían a las fumigaciones. La directora del Plan Colombia de ese momento señaló: “La decisión de gobierno a ese respecto es muy clara y las fumigaciones no se van a suspender”. Esto quedó consignado en el acta así:
El presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso que los organismos de seguridad del Estado deben hacerles un seguimiento a esas organizaciones y mantener informado al Ministerio del Interior y de Justicia permanentemente».
Para Germán Castro Caycedo, la ruta de la ilegalidad había sido inútil y solo dejó violencia, miseria, enfermedades y destrucción del medio ambiente. Hasta el día de su muerte, celebró cada sentencia judicial a favor de la prohibición del uso de glifosato. Lo pidió cada vez que podía y, de cierta manera, Colombia ha abierto los ojos a sus peticiones. Él no será testigo vivo, pero en su legado está la huella de su conciencia política, la que nos advirtió que esta guerra ajena nos dejaría cicatrices imborrables que tendremos que superar a partir de un cambio estructural en el tratamiento del problema del narcotráfico y el esclarecimiento de la verdad.
«La Comisión considera que se necesita reconocer y replantear el problema del narcotráfico y encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo y procesos de concertación que permitan la comprensión, regulación e integración económica, social y política de esa actividad».