La guerra contras las drogas en Colombia fue, en la obra periodística de Germán Castro Caycedo, el pretexto de Estados Unidos para lograr una conquista geopolítica sin hacer uso de su poderoso despliegue militar. Sin amenazas ni oposición de los gobiernos en América Latina, logró desplegar aviones de vigilancia, radares, mercenarios y toda una logística de control territorial que se mantuvo aún en los gobiernos más críticos de la política exterior de Washington.
El consumo incontrolable de cocaína por parte de los ciudadanos estadounidenses ha sido una variable invisible en el discurso de la guerra contra el narcotráfico. La apuesta ha sido convertir a los países del sur de la frontera en zonas de guerra que han costado millones de muertos, desplazamientos y un largo listado de consecuencias que van desde el desequilibrio político al interior de los países, hasta el deterioro ambiental causado por la deforestación y la fumigación; sin dejar a un lado las afectaciones de esta última estrategia sobre la salud humana. Hay denuncias de abortos espontáneos y deformaciones en neonatos.
A pesar de una historia que ya se conoce de principio a fin, el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere reactivar la aspersión aérea sobre los cultivos de coca y prepara un plan piloto con glufosinato de amonio, un nuevo herbicida que se ensayará sobre suelo colombiano. La fórmula química cambia, pero la estrategia es la misma que Germán cuestionó durante décadas: fumigar territorios rurales para enfrentar un problema que nunca se resolvió desde el aire.
El presidente De la Espriella no deja dudas sobre su propósito. “Hay que fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia en Colombia: los cultivos ilícitos”, afirmó recientemente. Dijo haber impartido la orden de reanudar las fumigaciones desde el primer día de su Gobierno y sostuvo que quienes obstaculizan esa política contribuyen, directa o indirectamente, a que el narcotráfico se extienda. “La fumigación va y lo voy a lograr”, concluyó. “Lo haré cueste lo que cueste”.
La decisión empieza a materializarse. El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una fase experimental, limitada a un máximo de 1.000 hectáreas y siete días de operación, para probar desde aeronaves tripuladas el glufosinato de amonio 200 SL como herramienta de erradicación de cultivos ilícitos. El ensayo fue proyectado inicialmente para Putumayo y está temporalmente suspendido por decisiones judiciales mientras se revisa el cumplimiento de requisitos ambientales, sanitarios y de participación.
Hay una palabra en la decisión oficial que merece atención: experimental.
Colombia vuelve a discutir si debe lanzar desde el aire un herbicida sobre zonas rurales para determinar qué tan eficaz resulta y cuáles podrían ser sus efectos. Resulta aterrador aceptar que se desconocen las posibles consecuencias sobre la salud y sobre el medio ambiente. El producto ya es utilizado como herbicida en actividades agrícolas y ha sido evaluado internacionalmente, pero eso no equivale a conocer todas las consecuencias de dispersarlo desde el aire, en las condiciones particulares de las regiones cocaleras colombianas, sobre ecosistemas biodiversos y territorios habitados. La propia Organización Mundial de la Salud registra evaluaciones toxicológicas del glufosinato de amonio y ha establecido valores de ingesta diaria admisible y dosis aguda de referencia; su clasificación de plaguicidas lo ubica en la categoría II de peligrosidad aguda, correspondiente a sustancias moderadamente peligrosas.
No es, por tanto, suficiente con decir que no se trata de glifosato. La historia en Colombia obliga a preguntar mucho más. La misma respuesta con otro nombre.
Experimentación en suelo colombiano para beneficio de grandes capitales
Alfredo Molano Jimeno reconstruyó una parte importante de esa historia en su columna Lluvia de venenos, un viejo método con nuevos herbicidas, publicada en Cambio. Su punto de partida es justamente ese: puede cambiar el producto, pero el método con el que Colombia enfrenta el problema lleva décadas repitiéndose.
Molano retrocede hasta el Gobierno de Belisario Betancur. En plena bonanza marimbera, representantes de Estados Unidos promovieron un ensayo de fumigación en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Policía dispersó desde un helicóptero un producto sobre la parte alta de la cuenca del río Frío. Según su reconstrucción, nunca se estableció públicamente qué sustancia había sido utilizada y en la zona afectada quedaron durante años pajonales amarillentos.
Después vino la coca y, con ella, otra generación de soluciones químicas. Durante el Gobierno de César Gaviria se consolidó el uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos. La lógica parecía sencilla: si la erradicación manual avanzaba más lentamente que la siembra, había que multiplicar la capacidad de destrucción desde el aire.
Durante el Gobierno de Ernesto Samper, en medio del proceso 8.000 y de la descertificación estadounidense, la presión de Washington sobre la política antidrogas colombiana aumentó. Las fumigaciones continuaron. Con Andrés Pastrana y el Plan Colombia se ampliaron nuevamente.
Pero la coca tampoco desapareció. Entonces apareció otra solución: surgió la idea de traer un hongo.
Molano recuerda uno de los episodios más inquietantes esta historia. Cuando las fumigaciones con glifosato empezaban a mostrar resultados inferiores a los esperados, surgió la propuesta de aumentar las concentraciones del herbicida, agregar nuevos componentes e introducir un microorganismo del género Fusarium oxysporum para atacar los cultivos.
La propuesta generó resistencias dentro del propio Estado. Según Molano, cuando los funcionarios nacionales pidieron evaluaciones del ICA y del Ministerio de Salud comenzaron las presiones. Representantes colombianos fueron convocados a reuniones en Washington, primero con el Departamento de Agricultura y después con miembros del Congreso estadounidense.
Allí aparecieron otros elementos. Detrás de aquella propuesta existía una partida cercana a los 60 millones de dólares y un laboratorio privado de Montana que producía el hongo y requería un territorio para realizar pruebas piloto. Colombia podía convertirse en ese laboratorio.
El Ministerio de Ambiente se resistió. El asunto produjo debates en el Congreso. El ICA terminó emitiendo un concepto según el cual las nuevas mezclas no representaban riesgos tóxicos, aunque Molano señala que nunca fueron presentados públicamente los estudios que respaldaban esa conclusión. El Fusarium finalmente no fue autorizado durante la administración Pastrana.
Treinta años después, la escena resulta demasiado familiar. Existe nuevamente una estrategia cuya eficacia histórica es cuestionable Hay un nuevo producto veneno y los conejillos de indias serán miles de familias cultivadoras emprobrecidas que no tienen alternativas para cultivar en la legalidad.
Monsanto, la única ganadora en el desastre
Germán Castro Caycedo llegó con rigor periodístico al origen de esta historia, que se convirtió en una especie de bucle. No analizó la guerra contra las drogas como una sucesión aislada de operaciones, auscultó hasta Vietnam, Washington, Nueva York, la Amazonia y las bases donde operaron contratistas extranjeros durante el Plan Colombia.
En 2017 escribió para El Tiempo un artículo bajo el título Fumigación: tres décadas destruyendo a Colombia. Allí cuestionaba que, después de décadas y millones de dólares gastados, la respuesta siguiera siendo la misma. “Analizando los millones de dólares invertidos en la guerra contra las drogas en este país, los herbicidas de la firma estadounidense Monsanto son los únicos ganadores de una destrucción de treinta años”, escribió.
Su crítica no se detenía solamente en el glifosato, era mucho más profunda. Cuestionaba la arquitectura completa del fenómeno: un país consumidor que trasladaba hacia los territorios productores buena parte de los costos humanos, ambientales y militares; grandes presupuestos convertidos en contratos; compañías extranjeras participando en operaciones dentro del territorio colombiano; fumigaciones sobre algunas de las regiones de mayor biodiversidad del planeta y campesinos convertidos en el eslabón sobre el cual recaía buena parte de la fuerza implacable del Estado.
Ese fue uno de los ejes de Nuestra guerra ajena. La guerra, sostenía, no podía comprenderse mirando únicamente la mata de coca. Había que mirar quién consume la cocaína, quién financia la política antidrogas, quién vende los insumos, quién opera los contratos y sobre quién recaen finalmente sus consecuencias.
Para Castro Caycedo los cultivos ilícitos prosperan precisamente donde menos existe el Estado: territorios apartados, sin carreteras, sin infraestructura productiva y sin condiciones que permitieran a un campesino convertir una cosecha legal en una actividad económicamente sostenible.
La mata era visible, pero las condiciones que la hacían posible, no. Fumigar nunca resolvió el problema. La discusión no puede reducirse a determinar si una avioneta es capaz de destruir una planta, puede hacerlo. El problema es otro: si destruir esa planta modifica de manera duradera la economía que hace rentable volver a sembrarla. Décadas de política antidrogas ofrecen razones para ponerlo en duda.
Colombia utilizó aspersiones aéreas durante años, incrementó la erradicación manual, recibió miles de millones de dólares en cooperación estadounidense y desplegó buena parte de su capacidad militar y policial contra el narcotráfico. Sin embargo, el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró 261.000 hectáreas de coca en Colombia para 2024, frente a 253.000 en 2023.
La cifra demuestra algo elemental: varias décadas de intervenciones no han eliminado de manera sostenible el fenómeno que prometían combatir. La experiencia histórica descrita por Germán apunta a otra dinámica. Cuando una zona es fumigada, los cultivos pueden reaparecer o desplazarse. Mientras se mantenga la demanda internacional, los incentivos económicos y la ausencia de alternativas rurales suficientemente rentables, destruir la mata no destruirá el negocio.
Por eso la pregunta de fondo no es cuántas hectáreas podían asperjarse en un día. Es lo que viene después de eso: territorios desolados, improductivos y desconectados del resto del país, sin alternativas de subsistencia para decenas de miles de familias.
Lo que siempre ha matado es la guerra, no la mata
Colombia ya conoce los riesgos sanitarios y ambientales asociados a la aspersión aérea de cultivos ilícitos. En la Sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional estudió una tutela presentada por comunidades indígenas y afrodescendientes de Nóvita, Chocó, afectadas por fumigaciones con glifosato. El tribunal no se limitó a revisar lo ocurrido en ese municipio: examinó también la evidencia científica disponible sobre los efectos del programa de aspersión y encontró riesgos significativos para la salud humana y el ambiente que no estaban siendo controlados adecuadamente por el Estado.
Entre los estudios analizados aparecían asociaciones entre la exposición a las fumigaciones y problemas dermatológicos y abortos, junto con otras posibles afectaciones sobre las cuales persistían incertidumbres científicas. Esa combinación de riesgo e incertidumbre llevó a la Corte a aplicar el principio de precaución y a impedir la reanudación del programa mientras el Estado no contara con una regulación capaz de evaluar y controlar esos riesgos, proteger la salud y el ambiente y garantizar la participación de las comunidades potencialmente afectadas.
Dos años después, el alto tribunal reiteró esas condiciones. Desde entonces, cualquier intento de reactivar la aspersión aérea debe partir de una premisa básica: no se puede dispersar una sustancia sobre personas, fuentes de agua, cultivos de pancoger y ecosistemas para averiguar después cuáles fueron sus consecuencias. Antes de hacerlo, el Estado debe contar con evidencia suficiente sobre los riesgos, mecanismos para prevenirlos y controlarlos y garantías efectivas para quienes habitan los territorios donde se pretende fumigar.
¿Otro experimento sobre el territorio?
El Gobierno de De la Espriella ha presentado el uso del glufosinato de amonio como una “fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable”. La expresión significa que todavía se busca producir evidencia sobre su comportamiento bajo condiciones de aspersión aérea.
Antes de dispersarlo sobre zonas rurales, deberían estar suficientemente establecidos sus efectos sobre la salud humana, las fuentes hídricas, los cultivos vecinos y los ecosistemas. La experiencia con el glifosato dejó precisamente esa advertencia. La Corte Constitucional aplicó el principio de precaución porque encontró riesgos relevantes e incertidumbre científica suficiente para impedir que el Estado actuara sin controles adecuados.
El problema, por tanto, no es solo determinar si el glufosinato destruye la coca, sino qué otros efectos puede producir cuando se arroja desde el aire sobre territorios habitados.
La misma guerra
Alfredo Molano Jimeno recuerda que esta historia ya tuvo otras versiones: sustancias aplicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, décadas de glifosato, aumentos de concentración y hasta la propuesta de introducir un organismo vivo en zonas de alta vulnerabilidad ecológica: el hongo Fusarium oxysporum. Ahora la novedad es el glufosinato de amonio.
Germán Castro Caycedo investigó durante décadas esa misma lógica: responder con una guerra química no resuelve el problema. Mientras tanto, permanecen las causas que explican la expansión de los cultivos ilícitos: abandono rural, falta de alternativas económicas y una creciente demanda internacional. Hay una guerra creada artificialmente que se convirtió en una enorme estructura de contratos e intereses millonarios con la participación de multinacionales dedicadas a la industria química y las armas.
Después de décadas de fumigaciones, la coca no desapareció. Es la razón más obvia para una pregunta más seria: ¿qué razones existen para creer que repetir la misma estrategia con una nueva sustancia producirá un resultado diferente?