La Contraloría General de la República es la encargada de vigilar el gasto de los dineros del Estado colombiano. Pero también una de las dependencias oficiales más corrompidas y la máquina política más peligrosa del engranaje administrativo del país. Desde esta oficina se controla el gasto de 79 mil millones de pesos que necesita la nación para poder funcionar cada año. El trabajo lo hacen ocho mil empleados en todo Colombia, cuyo sostén son 199 representantes a la Cámara, que son quienes nombran al contralor general.
Este funcionario no es elegido democráticamente en el Congreso desde hace 13 años, de manera que la acción de los parlamentarios se limita a sostenerlo firme en su cargo.
Y esto tiene un precio: el de darle a cada uno una «cuota», en puestos para sus electores.
Las últimas once investigaciones fiscales iniciadas en otras tantas dependencias del Estado, muestran que los auditores de la Contraloría General de la República están implicados en delitos contra el fisco, en malos manejos, en extorsión a la industria privada, en falsificaciones de firmas y documentos, en tráfico de esmeraldas, en saqueo de bodegas, en contrabando. Y ellos habían sido nombrados precisamente para evitar todas esas venalidades que hoy desangran el país en proporciones insospechables.
Para un auditor de varios años en ejercicio, «la causa de la corrupción en la Contraloría es la amoralidad de las personas que son nombradas cada día. También se trata, en su mayoría, de gentes sin ninguna capacidad».
Por ser la Contraloría el ponqué con que se devuelven los favores a la Cámara de Representantes, los funcionarios van allí primordialmente con fines políticos. Entonces puede hallarse, como hoy, porteros del Congreso que ocupan cargos de revisores. Choferes oficiales que han ascendido, por una recomendación, a puestos que en cualquier otro país exigen una responsable fiscalización.
En los últimos años ha aumentado hasta tal punto la voracidad de los congresistas, que la nómina de la Contraloría crece inconteniblemente. Hasta ayer, centenares de sueldos se habían dividido en dos y tres para dar cabida a los recomendados de la Cámara.
En la Contraloría no caben los funcionarios de buena parte de las dependencias. En «investigadores» no hay dónde sentar a todos los cincuenta y seis empleados, ni tampoco qué funciones otorgarles.
Sólo en Bogotá la planta de personal fue ampliada en los últimos cuatro años, de 2 mil a 3.800 cargos. En la nómina figuran funcionarios fantasmas, pues no se puede establecer si en realidad existen.
Hay empleados que aparecen frente a una auditoría, pero en el sitio que deben ocupar nadie las conoce. Y si se pregunta al jefe por ellas, responde que «fueron enviados en comisión a otras dependencias».
Un grupo de tres visitadores calcula que en la Contraloría, «por lo menos el 65 por ciento de los auditores y revisores son parientes de los representantes».
Y un senador que participa actualmente en una investigación fiscal, anota: «A los auditores se les perdonan los casos de inmoralidad, por la inmunidad que les da ser parientes de los congresistas que a su vez los exigen como cuota burocrática».
Para un investigador de la Procuraduría General de la Nación, «todos los delitos en dependencias del Gobierno se cometen sólo porque los funcionarios de la Contraloría no cumplen su misión de controlar. Si lo hicieran, nadie robaba».
Finalmente, cuatro auditores consultados están de acuerdo en que «es muy difícil trabajar porque el personal auxiliar que nos nombran es incapaz… Y deshonesto».
Al preguntarles si una solución podría ser que la Contraloría fuera independiente del Congreso, donde se halla la quintaesencia de la corrupción nacional, explicaron:
«Según la Constitución, la Cámara es el supremo fiscal del Estado. Que no haya ejercido su función… es otra cosa».
Adelantamos una averiguación periodística en Inalpro, Idema, ICCE, Ecominas, Inderena, Ferrocarriles, Fondo de Ahorro, Aduana, Colcultura y en todos hallamos anomalías. En 8 de los 9, los representantes de la Contraloría General de la República están implicados en delitos contra el erario público.
Intentamos mostrar parte del panorama hallado en esas agencias del gobierno, comenzando por los Ferrocarriles Nacionales, donde se halló culpable al auditor de falsificación de firmas y documentos para el cobro de gastos no ocasionados, cobro de viáticos no causados y otras anomalías.
Según una carta del actual gerente al presidente de la República él actuaba con la complicidad del antiguo gerente administrativo de la empresa y se adelantará una acción penal contra ellos.
Pero también la Auditoría delegada de la Contraloría General de la República tiene que ver en anomalías como esta: los Ferrocarriles deben cobrar sus servicios al contado, o en plazos no mayores de ocho días. Sin embargo, hoy existen cuentas por cobrar de 200 millones de pesos.
Mientras esto sucede, la empresa no ha tenido con qué pagar los sueldos de sus trabajadores.
Hay casos en que una sola persona le debe a los Ferrocarriles 6 millones de pesos. El Consorcio Bananero de Santa Marta tiene un cupo hasta de 200 mil pesos (para pagar en plazo de ocho días). Y se le adjudicaron fletes por medio millón de pesos, que desde 1971 no ha pagado.
Se trató, entonces, de embargar al Consorcio y los funcionarios que adelantaban esta operación debieron suspenderla por orden de la misma Gerencia Financiera de los Ferrocarriles.
En los talleres existe una mafia formada por empleados y obreros que roban herramientas y materiales. El caso más aberrante es el de Flandes, donde la mafia «es tan eficiente que no ha podido ser controlada», y los robos aumentan cada mes, a pesar de existir allí un puesto de policía ferroviaria.
Tres celadores de la empresa que delataron el robo fueron asesinados.
En el último mes se comprobó que cuando no se embarca en los trenes personal secreto para controlarlos, la venta de pasajes baja en medio millón de pesos mensuales, sin que el volumen de pasajeros disminuya.
Y se han prohibido los pasajes de cortesía porque los altos empleados de la empresa, y según un documento oficial, «igual que el Auditor General de la Contraloría, abusan de ellos para favorecer amigos y en la gran mayoría con fines netamente políticos».
En diciembre de 1973, solamente para viajar de Bogotá a Santa Marta y a Medellín se regalaron pasajes por 366 mil pesos.
En el Terminal de Carga en Bogotá había una banda de saqueadores encabezados por el jefe del Terminal. La empresa pagó varios millones de pesos por lo robado, mientras ellos guardaban en su bolsillo los costos de bodegaje, del cual no rendían cuentas ya que no eran fiscalizados por el representante del contralor.
En 1971 fueron compradas en forma directa, sin consulta, sin licitación, veintiocho locomotoras. La compra se hizo amparándose en un contrato con las firmas General Electric Española y Babcok & Wilcox C. A., que había vencido tres años antes.
Anualmente los ferrocarriles compran algo más de 30 millones de pesos en maderas. Y hasta hace pocos meses existió un verdadero monopolio, pues éstas eran suministradas por un solo cliente. Era tan «consentido» que se las recibían sin ninguna intervención de la Contraloría y, además, se le pagaba rápido y de contado.
Él hizo un contrato por 35 millones y medio de pesos, sobre los cuales se le adelantó un millón. Lo incumplió y debe aún 600 mil pesos, por lo cual fue vetado. Sin embargo, continuaron adjudicándole contratos en forma dolosa.
Un documento oficial de la empresa, dice: «Todo esto ocurrió por la complicidad con empleados de la empresa y con la anuencia del revisor de la Contraloría General de la República».
En la dirección de materiales y en la oficina de compras nacionales, los jefes tenían montado un fabuloso negocio. Se hacían grandes trucos con cotizaciones y muchas veces se contrataban las más altas. Para ejercer voraces negociados violaban los conceptos técnicos que buscaban impedir muchas compras.
Fue destituido el director de materiales hace pocos meses. Otro documento rendido a la gerencia y al Ministerio de Obras Públicas dice: «Cabe destacarse la responsabilidad que debe adjudicarse a los delegados de la Contraloría General de la República, ya que permitieron o participaron de irregularidades que han resultado muy onerosas para la empresa».
Los ferrocarriles eran hasta hace un mes el medio más efectivo con que contaba el país para el transporte de contrabando, a pesar de denuncias hechas por la policía ferroviaria. Y éstas nunca causaron sanciones para los empleados responsables. En la última semana de octubre fueron capturados grandes cargamentos ilegales. Hoy han sido despedidos 23 tripulantes por este hecho.
En un extenso informe se anota que «en las irregularidades halladas en los ferrocarriles hasta hoy, existe una gran responsabilidad de la Auditoría de la Contraloría General de la República, pues no se ve que haya ejercido sus funciones». Y luego agrega:
«Pero es que para fiscalizar es necesario contar con la suficiente autoridad moral… El auditor de la Contraloría en los ferrocarriles, cobró entre enero y octubre de este año 84 mil pesos por concepto de reparaciones, gasolina y lubricante del automóvil que se le adjudicó… Con el hecho agravante de que hoy el auto está en peores condiciones de las que presentaba antes de ser sometido a tan cuidadosas reparaciones.
«En la División Pacífico el auditor de la Contraloría intentó que una junta de la empresa le pagara 8 mil pesos por ‘calamidad doméstica’. Una investigación halló en este hecho caso de soborno». Sin embargo… todo marcha sobre rieles.
* * *
Para escribir la historia de la deshonestidad oficial colombiana, es necesario contar con la Contraloría General de la República, donde se permiten negocios tan sucios como sus desgreñadas paredes interiores.
Allí, en oficinas atestadas de empleados y de personas que llevan en la solapa el brillante escudo de la Cámara de Representantes, basta observar unas horas para descubrir esa mezcla de política y corrupción, ante la cual el fisco es sólo un botín.
A unos cincuenta pasos están las ventanillas de impuestos nacionales, donde el pueblo hace colas interminables para pagar más de 30 mil millones de pesos cada año. Una parte de ese dinero es el que se juega en la Contraloría cada vez que una tarjeta de recomendación parlamentaria cae sobre el escritorio de sus directivos.
Actualmente cuatro juzgados penales de Bogotá han expedido órdenes de captura contra la auditora en Colcultura, pues las cuentas que «controló» durante la administración pasada no son nada claras.
Una ex-revisora de la Contraloría ante la Aduana Nacional es buscada por las autoridades para que cuente cómo colaboró —-sólo en un día—- en el saqueo de más de tres millones y medio de pesos en mercancías de las bodegas.
Antes de ser alta funcionaria de la Contraloría, la dama se desempeñó como miembro de la Guardia de Aduanas, de la cual fue destituida por deshonestidad. Pero logró entrar a la Contraloría con una recomendación política y allí se las arregló para que la enviaran una vez más a la Aduana. Logrado este fin, pasó con un palancazo a la Auditoría del Fondo Rotatorio y tuvo entonces acceso a las bodegas.
Esta posición es tan apetecida que, cuenta un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, «los revisores dan cuotas al Auditor para que los destaque en las bodegas».
Una investigación que se adelanta en Aduanas ha revelado que la ex-revisora era favorecida por el auditor de turno. Se elevó la queja correspondiente y… el auditor fue trasladado y ascendido.
Las minas de Muzo fueron clausuradas por el gobierno. La Brigada de Tunja estableció, sin embargo, que uno de los auditores de la Contraloría General de la República —-enviado allí para colaborar en que se evite la explotación ilícita—- tenía un grupo de mineros a su servicio.
Ellos trabajaban a cambio de darle al auditor el cincuenta por ciento de lo que hallaran. Una noche fueron sorprendidos por el ejército, puestos presos y soltados unas pocas horas después por un oficial y dos sargentos que trabajaban «armoniosamente» con el auditor. «Se elevó la queja al contralor, pero el funcionario deshonesto fue sostenido mes y medio más en su cargo», anota un informe del ejército al procurador.
En Tumaco, el auditor de la Contraloría General de la República ante la Refinería estatal —–en sociedad con un representante a la Cámara por Nariño—- solicitó al Inderena la concesión de areneras en el lecho del río Mira, para venderle materiales de construcción a la misma obra que él va a fiscalizar.
En el ICCE, un instituto creado para construir escuelas y dotarlas, hoy están paralizadas las obras porque no hay dinero.
En cambio —-como si se tratara del país más rico del mundo—- en sólo veinte días de mayo se crearon 2.984 puestos nuevos.
Antes los empleados eran 604; hoy son 3.588 y la nómina vale 51 millones de pesos más que hace seis meses.
Claro que el número de empleados debía ser ahora mayor pero un decreto, firmado al atardecer del 6 de agosto, no entró en vigencia: creaba 303 «corbatas» más.
En el ICCE todo aumenta desmedidamente, menos la nómina de profesores de los institutos que hoy tienen capacidad para enseñar en tres turnos diarios. Pero lo que creció fue la planta de personal administrativo.
Y aunque éste debía ser manejado por un abogado titulado y especializado en derecho laboral, se halla bajo la dirección de una persona que no es bachiller… Pero que en cambio ha tenido la suficiente capacidad para montar una fuerte monarquía política.
Esta explosión burocrática hace que el 90 por ciento del recortado presupuesto sea invertido en sueldos.
En el diez por ciento restante hay algunas cuentas turbias, como doscientos millones de pesos en materiales básicos que, según una fuente del Ministerio, fueron enviados hace varios meses a los INEM, pero que aún no han sido recibidos por ellos (esta semana se iniciará una investigación al respecto).
Tampoco se sabe dónde están 10 mil pupitres pagados a precios altos pero que nunca ingresaron a los almacenes; ni 800 televisores que desaparecieron de allí y que también ahora comenzarán a ser «buscados» por otra investigación.
Se puede dar una buena gratificación a quien diga dónde están otros cientos de millones de pesos invertidos en «reajustes» de contratos para construcción de aulas: «Escuelas adjudicadas para construcción por un millón de pesos, llegaron a valer cinco millones; especialmente en el Llano, donde fueron gastados más de mil millones», explica un investigador.
En los almacenes, las mercancías guardadas valen 800 millones de pesos, pero no están amparadas por inventarios. Permanecen en poder de personas que carecen hasta de fianzas de manejo. Allí los artículos son entregados sin que las autorizaciones llenen todos los requisitos. Los almacenistas rinden cuentas incompletas… Pero es que tampoco se hallan inventariados los 1.200 millones que valen los equipos del instituto.
Los «Itas» son unos institutos de enseñanza agropecuaria que tiene a su cargo el ICCE. Se trata de grandes haciendas como la de Paipa, que consta de 260 hectáreas con 2.800 gallinas, hortalizas, producción de huevos y leche en grandes cantidades.
Otra es la de Balsali, cerca de Silvania, que tiene dos mil gallinas y acaso una producción similar a la anterior. Pero nadie les controla la contabilidad. No rinden cuentas, no se sabe cuántos miles de pesos vale cada año su producción. Son fincas en diferentes partes del país, dotadas con los medios más modernos, para que una reducida camarilla las aproveche.
Estas haciendas están huérfanas como la «junta directiva» del ICCE, que se reunía por iniciativa del gerente, sin citar a sus verdaderos miembros. Según las actas, el gerente, sus subgerentes y el auditor de la Contraloría General de la República, aprobaban a puerta cerrada los negocios.
En esta forma, los delegados del presidente de la República, del Ministerio de Obras, del jefe de Planeación Nacional, ni el Ministerio de Educación, se enteraban de lo que disponía la «junta».
Pero es que no puede haber austeridad en un instituto en donde el gerente tiene tres carros oficiales para su uso: uno para él, otro para que lo conserve el hijo y el tercero destinado para fines de semana.
Ni mucho menos control por parte del auditor de la Contraloría que permitió hace dos meses que, violando flagrantemente la Constitución Nacional, se le nombre en forma paralela una auditoría interna que depende del gerente. «Cuando los negocios no son aprobados por el delegado de la Contraloría General, lo son por el delegado del gerente», anota en un informe el investigador del alto gobierno.
El auditor de la Contraloría General de la República es hermano de un expresidente de la Cámara de Representantes, que lo hizo nombrar cuando ocupaba aquel cargo en el Congreso.
Este funcionario, a pesar de que la Contraloría dice que sus delegados no deben recibir autos de las instituciones que fiscalizan, ya estrelló uno y la reparación costó 60 mil pesos (según las cuentas que da el ICCE). Ahora tiene a su servicio un Dodge último modelo.
Un delegado del Ministerio de Educación que trabaja ahora en una investigación que tomará varios meses antes de culminar, anota:
«Aquí no hay la más mínima colaboración por parte del auditor de la Contraloría General de la República. Si él fuera consciente, en esta dependencia nadie robaría nada. Por eso a él lo tiene que investigar la Procuraduría. Y seguro que correría la misma suerte de todos los funcionarios que hoy son sus socios».
* * *
Treinta investigaciones penales contra funcionarios de la Contraloría General de la República muestran que, a pesar de comprobarse los delitos cometidos por ellos, han continuado en el ejercicio de sus funciones.
En muchos casos ha habido actuación de miembros del Congreso para favorecerlos, lo cual hace que la Contraloría atraviese hoy por uno de sus momentos de mayor descomposición moral.
En la actualidad hay auditores como el de la Aduana de Cali, que fue sindicado este año por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira. Está acusado de un peculado por un millón 200 mil pesos. Sin embargo, a raíz del negocio, fue trasladado a la capital vallecaucana.
Un revisor de la Contraloría General de la República en la misma dependencia tiene un sumario por abigeato.
El juez 37 de instrucción criminal, en Bogotá, adelantó un voluminoso sumario contra el auditor de la Contraloría que entre 1970 y 1973 cometió delitos en Corpal. A pesar de eso, fue trasladado al Instituto Agustín Codazzi —-donde hoy continúa figurando en su cargo—- y allí siguió su carrera venal. La Procuraduría General de la Nación lo investigó y halló, por ejemplo, que autorizó un negocio con una firma de electrodomésticos a cambio de que ésta equipara totalmente su casa. Y lo consiguió.
Esto para los investigadores no resultó extraño, porque en Corpal le comprobaron que había recibido 80 mil pesos de una conocida firma de arquitectos para adjudicarles la construcción del edificio de ese fenecido instituto. Hace cuatro meses la Procuraduría le pidió al contralor general de la República la destitución del funcionario. El contralor no lo destituyó.
Si se hiciera un campeonato de desfalcos, seguramente Corpal estaría entre los líderes. Allí desapareció tanto dinero que, para su liquidación, además del auditor, fue enviado un representante personal del contralor general de la República.
Tres días después de haber iniciado su trabajo, el liquidador de la Superintendencia de Sociedades recibió la oferta de dos millones de pesos de parte del representante personal del contralor, como «cuota inicial» para que lo dejara actuar. El liquidador se negó y los miembros de la Contraloría le hicieron la vida imposible, teniendo como consecuencia que renunciar.
Esta historia se halla en el Juzgado 32 de Instrucción Criminal de Bogotá. Simultáneamente, la Procuraduría comprobó parcialmente un peculado de 6 millones de pesos, y un informe interno dice que la suma «asciende a muchos millones más». El hecho fue puesto en conocimiento del contralor general de la República, pero no ocurrió nada. Tampoco hay detenidos por este caso comprobado.
Una revisora de la Contraloría General de la República ante el Fondo Rotatorio de Aduanas —-a quien actualmente se siguen cuatro procesos por deshonestidad—- debería estar presentandose cada tres días al Juzgado 21 Penal del Circuito. Pero no lo hace porque se evadió con la ayuda de altos funcionarios de la Contraloría. Cuando ella se asoció a un saqueo por varios millones de pesos fue denunciada por el auditor. Y éste resultó destituido de su cargo.
La funcionaria declara textualmente en documentos que tiene el Juzgado 51 de Instrucción Criminal de Bogotá, que tenía que entregarle mensualmente diez mil pesos a su jefe.
Ella hizo cargos en el mismo sentido contra un representante de la Cámara, que pidió también su destitución, la cual tampoco ocurrió.
Pero ésta no fue la última solicitud porque, a raíz de haber sido dictado un auto de detención contra ella (Juzgado 51), la Procuraduría también intervino ante el contralor, quien argumentó que la señora estaba «muy bien recomendada».
Esa misma tarde la dama huyó y según un documento de la Procuraduría, «el único que conocía la orden de detención era el Contralor».
Pero lo más extraño es que hoy la señora no ha sido destituida y sólo se halla suspendida de su cargo, algo similar a lo ocurrido varios meses atrás, cuando recibió otro auto de detención.
En esa ocasión, a pesar de estar suspendida, continuó cobrando sueldos y, desde luego, figurando en la nómina oficial.
Ahora vamos a Cartagena. En 1973, una industria antioqueña importó de Taiwan maquinaria para establecer una fábrica de pilas, y en el manifiesto de importación anotó que se trataba de máquinas nuevas, como realmente se comprobó más tarde.
Al iniciar el trámite de nacionalización, una vez llegada al país la maquinaria, el interventor de la Contraloría General de la República —-asociado con un aforador de Aduanas—- determinó que la maquinaria estaba usada. En esta forma entrabaron los trámites de importación.
El funcionario de la Contraloría exigió entonces 80 mil pesos a la industria antioqueña «para cambiar el concepto del manifiesto», y desde luego los importadores no accedieron.
Ante esto, el auditor denunció a la firma comercial por contrabando, para lo cual entró en asocio con un juez y posteriormente comenzaron a ser robadas las piezas vitales de la maquinaria.
Intervino la Procuraduría General de la Nación y logró que actuara el presidente Pastrana, quien ordenó la entrega del equipo a sus dueños. Aquél fue trasladado a Medellín, y allí el auditor de la Contraloría General ante la Aduana volvió a retenerlo por un día. Su entrega definitiva fue posible gracias a una segunda intervención de la Presidencia de la República.
Hoy el juez de Cartagena está siendo sumariado. El aforador fue despedido y procesado… Y el auditor continúa en su cargo, gracias a la tutela de su tío, un senador por Bolívar.
Tal vez no hay un crimen mayor que el que cometió en Idema la Auditoría de la Contraloría General, oficina que tenía montada una mafia de intermediarios, para comerciar con los alimentos que más escaseaban en el país.
Se aprovechaba la necesidad de 24 millones de habitantes para ganar ríos de dinero. Así, por ejemplo, gracias a la actuación de la Auditoría, azúcar que le salía al Idema a un peso, tenía que ser pagada por el pueblo colombiano a dos y medio.
Esta historia se halla dentro de la investigación que adelanta el Senado de la República en ese instituto. Su complemento es este:
Azúcar, harina, aceite, trigo, sorgo, etcétera, eran entregados a la pequeña camarilla de intermediarios para que ellos la revendieran, ganaran dinero y repartieran con los funcionarios de la Auditoría.
«La entrega era autorizada por los miembros de la Auditoría a los intermediarios, a sabiendas de que estaban produciendo el enriquecimiento ilícito de unos pocos particulares, a costa del pueblo colombiano», anota el senador Darío Alvarez.
La misma investigación establece que los auditores de la Contraloría ganaban grandes sumas autorizando con sus firmas la entrega de los alimentos.
En el expediente hay, por ejemplo, una sola orden para darle a un intermediario 500 bultos de azúcar cada día: 150 mil al mes. Y esto sucedió por un lapso de tiempo que aún no ha podido ser establecido.
Hoy Inalpro, un instituto que surtía de muebles, vehículos y útiles a todas las dependencias del Estado, está siendo liquidado porque allí se cometían los más increíbles robos al fisco.
En esa dependencia, hasta hoy, se ha hallado en los estudios de cuentas que se hicieron, negociados por 500 millones de pesos. Esos contratos violan absolutamente todas las normas de orden legal y fiscal. Y están, sin embargo, autorizados por los auditores de la Contraloría General de la República (esta suma es sólo parte de las cifras descubiertas por una comisión de la misma Contraloría).
Finalmente, el grupo investigador del Senado halló que el auditor en Idema es sobrino político del contralor general de la República. Y una visita fiscal realizada a Coldeportes —-donde hay irregularidades que están siendo puntualizadas—- estableció que el auditor que actuaba en la administración pasada (cuando se realizaron grandes negociados) era el hijo político del contralor general.
* * *
El contralor general de la República dijo, en una visita a El Tiempo, ayer, que solicitará una investigación de la Procuraduría, para que se establezcan responsabilidades por las anomalías que estén ocurriendo en aquella dependencia.
Asimismo, solicitó que «al hablar de la Contraloría, por favor no se emplee la palabra corrupción».
La investigación de la Procuraduría es urgente y podría comenzar por las auditorías ante la Aduana interior de Bogotá, en ElDorado, y ante el Fondo Rotatorio de Aduanas, donde la descomposición moral de la mayoría de sus funcionarios, alcanza niveles muy altos.
Los investigadores podrán comprobar que para trabajar allí hay que comprar los cargos. Los revisores pagan cuotas semanales en dinero a los auditores y éstos a su vez, hacen lo mismo con los funcionarios más altos de la Contraloría. La única forma de sostenerse en esos puestos es por medio de cuotas. Y éstas se obtienen de los atropellos que son cometidos cada hora, cada día, cada semana.
Para la Procuraduría no será difícil establecer cuántos ex-guardias de Aduanas, que fueron destituidos de allí por deshonestidad, ocupan cargos en las auditorías de la Contraloría General.
Tampoco les resultará imposible indagar sobre las casas, los automóviles y las cuentas bancarias de empleados de la Contraloría en el Aeropuerto, que generalmente no ganan más de siete mil pesos al mes.
Los visitadores pueden comprobar más que nadie como en las oficinas aduaneras del centro de Bogotá, cada cargo es un negocio particular para los empleados de la Contraloría. Y si hay un solo documento que allí se mueva antes de que le sea fijado un precio especial.
Un punto clave en la investigación debe ser la bodega internacional del Aeropuerto El Dorado. Inventarios establecerán cuántas mercancías han salido en forma ilegal, mediante la actuación irregular de auditores y revisores que tienen que conseguir para pagar su «cuota» y a la vez ganar para ellos.
Esta investigación no sólo es necesaria para el país sino que debe comenzar a la mayor brevedad. Es el único camino para despejar millares de interrogantes sobre la corrupción administrativa que se genera en la Contraloría.
Anotamos ahora parte de las irregularidades halladas por una comisión investigadora que actualmente trabaja en el Fondo de Ahorro y que ha encontrado actuaciones venales por parte de los auditores durante la pasada administración. También sobre el Instituto de Provisiones (Inalpro), donde el panorama es en este sentido desolador.
El Fondo de Ahorro trabaja con 1.200 millones de pesos anuales, provenientes en la mayor parte de las cesantías de 165 mil empleados oficiales.
Inicialmente se ha establecido que en el primer semestre del año se compraron equipos y papelería por tres millones de pesos, sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, como licitaciones o contratos escritos. Todo esto debía haber sido exigido por los auditores. Sin embargo, ellos aparecen autorizando los negociados.
Según documentos originales, las compras a una misma empresa privada eran fraccionadas en varias actas y realizadas en meses diferentes.
Se buscaba así no dejarlas pasar de medio millón de pesos, para que no fueran controladas por la junta directiva del Fondo. Es así como a una conocida papelería bogotana se le fraccionó un pedido de 1 millón 700 mil pesos en cuatro partes de 425 mil pesos.
De las siete actas de compras, durante el primer semestre de este año, seis presentan irregularidades… Y fueron aprobadas por los auditores de la Contraloría General de la República, ubicados allí para evitarlo.
Actualmente se revisan actas de adjudicación de préstamos para vivienda, porque fueron «aprobados» por personas que no formaban parte del comité encargado de hacerlo. Las medidas tomadas en reuniones con este fin contaron siempre con la aprobación de los funcionarios de la Contraloría.
Se han descubierto varios préstamos que no fueron solicitados. Un ejemplo es el de tres por 900 mil pesos, autorizados el 26 de julio de este año. Y la solicitud fue acomodada después (el 6 y 14 de agosto).
Según un funcionario investigador en el Fondo, «el abuso contra los ahorros de los empleados públicos llegó hasta el punto de que fueron aprobados créditos de vivienda a personas que tenían más de siete casas. En los documentos se hallan los nombres de dos ministros de la pasada administración y de varios gerentes de institutos descentralizados, todas personas de grandes capitales».
Con las cesantías se hicieron grandes fortunas… Para pagarlas, los papeles correspondientes deben pasar seis veces por las manos de los funcionarios de Auditoría. Éstos las aprobaron y una vez girado el dinero, volvían a circular por sus manos hasta tres veces. Se han pagado cesantías de gentes que continúan trabajando y de empleados que no las solicitaron.
Para establecer esto no se necesita la actuación de la Procuraduría, porque ya está comprobado.
Por la manera como fueron saqueados los dineros oficiales, Inalpro fue liquidado. Hoy visitadores de la misma Contraloría trabajan allí y, ante la deshonestidad de los auditores —-que son sus mismos compañeros—- han tenido que elevar quejas al contralor y al Ministerio de Hacienda.
En el informe de uno de los visitadores de la Contraloría, cuya copia descansa en el Ministerio, se anota:
Para la liquidación de este instituto, «hallamos una discrepante y alarmante oposición por parte del Revisor Delegado de la Contraloría General de la República… y que, lamentable es decirlo, y aunque se trate de un funcionario de nuestra entidad fiscalizadora, se hizo necesario apartarnos de sus conceptos y contra ellos y sus planteamientos podemos decir mal enfocados y tercos…»
En Inalpro los miembros de la Auditoría Delegada de la Contraloría General, para tratar de tapar anomalías se opusieron a que, para iniciar la liquidación del Instituto, se realizara un inventario.
Esto se logró posteriormente, luego de una gran presión por parte de los visitadores.
Actualmente hay más de 100 millones de pesos en cuentas por pagar a la industria privada y los investigadores hallaron que funcionarios de la Auditoría habían entorpecido esta operación, primero para cobrar porcentajes a los clientes.
Muchos de ellos pagaron dinero en efectivo a los funcionarios de Auditoría ante la inminencia de perder sus cuentas, por vencimiento de los términos legales para el cobro.
Otro punto que no necesita intervención de la Procuraduría porque también está comprobado.
* * *
«Por lo menos el 65 por ciento de los auditores y revisores de la Contraloría son parientes de los representantes a la Cámara… A los auditores se les perdonan los casos de inmoralidad, por la inmunidad que les da ser parientes de los representantes» (El Tiempo, diciembre 15/74).
«Aparecen quejas sobre la presencia de familiares suyos (del contralor) en dependencias de la Contraloría, y sobre la de hermanos, padres, etc., de los Representantes a la Cámara». Esto tiene «carácter francamente inmoral…» (procurador general al contralor Escallón, dic. 31/74).
A raíz de los primeros informes en diciembre, la Procuraduría General de la Nación emprendió una investigación oficial para ratificar o negar los cargos de El Tiempo.
El periódico no ha suspendido desde entonces su actividad en este campo, por lo cual hoy ofrecemos el primero de dos nuevos informes, cuyos datos fueron cuidadosamente confrontados, mediante horas enteras de télex y teléfono, desplazamiento a diferentes ciudades del país y largas jornadas de trabajo diario.
Se trataba de hallar la comprobación de los hechos, para no formular cargos injustos.
No pretendemos detenernos en casos personales, sino comprobar a través de ellos toda una estructura viciada que afecta hoy a 23 millones de colombianos.
El nepotismo o acto de colocar a familiares de los altos empleados públicos en las mismas dependencias, no es castigado por la ley colombiana en casos como el de la Contraloría, pero sí es considerado como «acto de inmoralidad».
Sobre esto, hemos hallado lo siguiente:
Arturo Escallón, primo del contralor general de la República, es jefe de grupo de la Contraloría ante los Seguros Sociales en Cali.
Elsy Ibarra Escallón, sobrina del contralor, es revisora de documentos en la Contraloría ante la Aduana de Bucaramanga. Pero sólo cobra el sueldo, pues no asiste al trabajo. Es estudiante de la Normal de Señoritas de esa ciudad, donde terminó quinto de bachillerato en 1974 y está matriculada para sexto en 1975.
Necker Escallón, primo hermano del contralor, es auditor fiscal de la Contraloría ante la Recaudación de Impuestos Nacionales, en El Charco, Nariño.
Orlando Ibarra Madrid, cuñado del contralor y casado con Rosa Amalia Escallón, es inspector de auditorías de la Contraloría, con sede en Tumaco, y a la vez auditor encargado ante la Aduana Nacional.
Pablo Sánchez Rodríguez, hermano de la esposa del contralor, es inspector de la Contraloría en Cali. Y aunque vive allá, desde hace cerca de un año, cobra viáticos de 200 pesos diarios (está en «comisión»).
Enriqueta Sánchez de Reynel, sobrina de la esposa del contralor, es auditora de la Contraloría ante el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales en Tumaco.
Hernando Cajiao, esposo de la sobrina del contralor, señora Ligia Escallón de Cajiao, es auditor general de la Contraloría ante el Fondo Nacional del Ahorro, en Bogotá.
César Escallón, primo del contralor, trabaja con la Contraloría en la auditoría ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en Bogotá.
Pero al mismo tiempo, otra familia se ocupa también de ejercer la delicada función de controlar el gasto de los dineros del Estado, así:
La señora María Manzi de Escrucería, es la esposa del representante a la Cámara por Nariño, Samuel Alberto Escrucería. Ella ocupó a partir de febrero de 1971 el cargo de auditora de la Contraloría ante el ICA, en Cali. Estuvo en su cargo hasta hace año y medio.
Raúl Hernán Escrucería, hermano del mismo congresista, es inspector general del despacho del contralor para el occidente del país. Pero es a la vez auditor fiscal ante los Ferrocarriles Nacionales y también ante la zona franca del Aeropuerto de Palmaseca, en Cali.
El señor Escrucería fue retirado en 1963 de la Caja Agraria, por ilícitos cometidos en Buenaventura, Ginebra y Cali. En 1964 fue administrador de la Aduana en Coveñas y despedido por malos manejos. Le fue dictado un auto de detención pero no se lo notificaron. El negocio pasó a un juez que enterró el proceso. En 1965 ocupó un cargo de la Contraloría ante los Seguros Sociales del Valle y posteriormente estuvo trasladado ante la Aduana en Cali. Allí resultó acusado de malos manejos y desaparición de un automóvil. Se elevó denuncia ante el juez 18 penal municipal de Cali.
Éste dictó contra él auto de detención y por medio de un telegrama pidió al entonces contralor, Evaristo Sourdís, que lo suspendiera de su cargo. (La funcionaria de la Contraloría Myriam Serna Correa acusó al hoy contralor, Julio Enrique Escallón —-entonces sub-contralor—-, de haber interceptado ese mensaje. La investigación fue adelantada por la Procuraduría, y hoy sera reabierta nuevamente). La respuesta al telegrama fue trasladar al señor Escrucería, nuevamente a la auditoría ante los Seguros Sociales.
Estando allí intentó fugarse y fue capturado en el aeropuerto caleño por el F-2. Pagó varios meses de reclusión en la Cárcel de Villanueva. Pero salió de allí y fue nombrado nuevamente como auditor de la Contraloría ante los Seguros Sociales.
En 1970 ocupó el cargo de Director Regional del Idema en Cali y fue destituido unos meses después bajo la acusación de peculado. Aunque un proceso en su contra no prosperó en esa época, hoy ha sido reabierto por la juez 18 penal municipal de Cali.
Sin embargo, dos meses después (el 28 de enero de 1971) el contralor, Julio Enrique Escallón Ordóñez, lo nombró inspector general de su propio despacho. A los diez meses el Tribunal Superior de Cali pidió su suspensión del cargo. Él «se perdió» y por tanto no se le pudo dar traslado de algunos cargos, por faltas cometidas estando —-en ese lapso—- de «comisión» ante los Ferrocarriles.
Hoy él ocupa el cargo de inspector general del despacho del señor contralor, auditor fiscal ante los Ferrocarriles y también ante la zona franca de Palmaseca. (Tiene su casa en Cali, figura con puesto en Bogotá y hace más de tres años devenga viáticos de 200 pesos diarios por estar allá en «comisión». Éstos son prorrogados cada 30 días).
Pero esto no es todo: su tío Luis Alfonso Delgado es a la vez subalterno directo suyo, pues ocupa el cargo de auditor de la Contraloría ante el ICA en Cali.
Ruby Escrucería de Escrucería, hija del congresista, es auditora de la Contraloría ante Ecopetrol, en Tumaco.
Eleonora Escrucería, hija del congresista, es revisora de documentos de la Contraloría ante la Administración de Impuestos Nacionales.
Nel Escrucería Manzi, primo del congresista, es revisor de la Contraloría ante la misión colombiana de la ONU (Nueva York).
Rafael Manzi, suegro del congresista, es inspector de auditoría con sede en Tumaco.
Italo Manzi, cuñado del congresista Escrucería, es auditor de la Contraloría ante la Aeronáutica Civil de Tumaco.
Otto Manzi, primo del congresista, es inspector de auditorías de la Contraloría General de la República.
Benigno Escallón Sánchez, hijo de contralor, ganó en las pasadas elecciones la curul de senador suplente por Nariño y toda la propaganda de su campaña fue hecha en la imprenta de la Contraloría General de la República.
Todas las papeletas para Senado, Cámara, Asamblea y Concejos de los municipios de Nariño (listas que apoyaban a Escallón) también fueron elaboradas en la imprenta de la Contraloría. (La lista ganadora estaba encabezada por Luis Avelino Pérez, a quien secundó Escallón Sánchez).
Desde finales de febrero, durante el mes de marzo y los primeros días de abril de 1974, el personal de la imprenta de la Contraloría trabajó en horas ordinarias y extras en la publicidad política de Escallón y Pérez.
Los materiales (papel, composición en linotipo, planchas, etc.) fueron tomados de las existencias que tiene la Contraloría y que deberían ser destinadas única y exclusivamente para uso oficial.
La propaganda consistió en volantes y afiches que llevaban la fotografía de Escallón y Pérez y se repartieron públicamente en Nariño.
La campaña política del hijo del contralor en Nariño ha sido una de las más brillantes que recuerde ese departamento. Tan brillante como las pantallas de los televisores que fueron sustraídos de los almacenes del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares y «regalados» en varios municipios como aporte del nuevo padre de la patria.
Los televisores —-sobra decirlo—- son comprados con el dinero de todos los contribuyentes para que, en las escuelas, sus hijos puedan instruirse.
* * *
Al finalizar 1974, un investigador de la Contraloría General de la República había descubierto en Barranquilla ilícitos por 1.454 millones de pesos. En ellos estaban involucrados funcionarios del gobierno, de la Contraloría y firmas del sector privado.
Las proporciones que desde hacía unos meses había tomado la investigación, fueron causa para que sus superiores lo alejaran de la misión y le advirtieran que no podía seguir husmeando en tales negociados.
Parecería como si en la Contraloría se castigase un extraño delito, que no está contemplado en las leyes colombianas: el de ser honesto.
Luego de estudiar decenas de casos similares hay que llegar a otra conclusión: que en esta dependencia existen las investigaciones.
En este campo hay muchos ejemplos de destituciones injustas, y casos tan curiosos como los de personas que, luego de descubrir inmensos negociados, han terminado con un pie en la cárcel. Otros llevan años huyendo de una orden de captura, pues su delito fue denunciar a intocables peculadores del Estado.
De nuestros archivos sacamos hoy un solo ejemplo, respaldado por abundantes pruebas y documentos en los que figuran nombres propios, fechas, lugares y cuantías:
El año pasado la Contraloría ordenó una investigación en la capital del Atlántico y el visitador encargado, Emigdio Chimá Madrid, comenzó a llegar lejos en su trabajo. Los primeros resultados indicaron que se encaminaba al fondo de una inmensa podredumbre. Entonces lo retiraron y fue nombrado auditor ante el Idema, pero con aquella clarísima advertencia: no puede continuar su investigación.
Sin embargo, «como a un visitador no se le puede impedir que investigue, yo seguí destapando cosas: descubrí, por ejemplo, el contrabando más grande de que tenga noticia el país», dice Chimá, escondido tras un arrume de documentos.
Esto provocó la reacción inmediata de la Contraloría que, por medio del jefe de Visitadores e Investigación, Gustavo Cortés González, se apresuró a enviarle no sólo uno sino cuatro mensajes iguales con el mismo texto. En ellos se le advierte que no actúe más.
Pero como las cosas que se descubrían eran muy grandes y el país estaba sufriendo una enorme escasez de grasas y aceites comestibles, el visitador siguió adelante. Luego envió con un compañero suyo un cúmulo de documentos a Bogotá, y éste se los entregó al contralor Escallón Ordóñez.
Pero él mismo dice que experimentó una gran sorpresa cuando una mañana llegó a su oficina y halló que «alguien, no supe quién, me había dejado sobre el escritorio aquellos originales que semanas atrás le había enviado al Contralor General.
«Lo interpreté —-continúa—- como la última desautorización y el aviso de que debía abandonar totalmente el caso… Lo grave es que los documentos que le envié al señor Contralor no habían regresado completos. Se habían perdido unos 46 folios sobre gravísimas irregularidades descubiertas en Idema-Bogotá», cuenta ahora.
El final de la historia parece obvio: hoy las cosas siguen su tranquilo cauce, y el erario público se desangra en la misma proporción de los últimos lustros.
Pero, ¿qué había descubierto el visitador, que produjo esta serie de anomalías?
Él ya tenía un antecedente claro: en el Terminal marítimo, dos años antes, comenzó a destapar un peculado que —-cuando lo hicieron abandonar el caso—- iba en 8 millones de pesos. Robo de horas extras e indicios concretos contra unos 60 funcionarios. En esos días (1971), fue cambiado por el entonces jefe de Visitadores, Édgard Velasco Arboleda. Los visitadores de reemplazo enviaron a la cárcel a algunas personas, pero no siguieron al fondo. «Lo importante estaba más alto», dice el investigador, y agrega: «Así terminó todo donde apenas comenzaba».
Y llegamos a 1974, cuando en junio comienza una investigación en Idema de Barranquilla.
El visitador empezó por descubrir un contrabando de 500 toneladas de leche en polvo por valor de 18 millones de pesos, que iban para la firma John Restrepo de Medellín, utilizando el nombre del Idema, una agencia del Estado.
Él cuenta que luchó contra todo y que finalmente tuvo que convencer a un juez —-con documentos y pruebas—- para que decomisara definitivamente la leche. Éste lo hizo, calificó el cargamento como contrabando y ordenó al actual gerente del Idema que la rematara para beneficiar al pueblo colombiano. Este mes de enero vence el plazo para esta operación.
La orden de remate fue dada en noviembre, más o menos por los mismos días en que John Restrepo y Compañía apeló la decisión del juez para tratar de recuperar la leche.
Hoy, dos meses después, ésta sigue abandonada en las bodegas de Barranquilla. ¿Por qué no ha sido rematada?
Según los documentos en poder del investigador, la firma de Medellín «con sólo revender este cargamento se hubiera podido ganar 30 millones de pesos. Además, en la Asociación de Lecheros del Atlántico consta que presumiblemente con este mismo sistema, esa firma ya había introducido al país otras mil toneladas por 36 millones de pesos más», explica el investigador.
Pero, la angustia que los altos directivos de la Contraloría parecen mostrar a través de sus telegramas, no fue despertada, al parecer, por esta «bicoca».
El investigador descubrió también que ninguna de las importaciones del Idema, en el primer semestre de 1974 por Barranquilla, había sido autorizada por la junta directiva del Instituto. Esto para él configuraba otro delito más grande.
Y había en esas importaciones algo que merecía más respeto: el ingreso al país de grasas y aceites que no son para el consumo humano, sino para uso industrial. «¿Por qué el Idema se prestaba para esto?», se preguntó.
Luego pudo confirmar que las firmas Pintuco, Jabonería Central, Detergentes S.A., Expasa del Caribe y Colcurtidos, introdujeron materias primas por valor de 5 millones de dólares (unos 140 millones de pesos), y en lugar de pagarle al fisco el 40 por ciento de aquella cantidad sólo fueron gravadas con el 3 por ciento.
Pero hay algo más grave todavía: el déficit de aceite de comer que se presenta en Colombia cada año es de 50 mil toneladas. Y —según la investigación—- esa cantidad entró sólo en el primer semestre de 1974 únicamente por Barranquilla. «¿Cuánto más ingresó por Cartagena, Buenaventura y Santa Marta?»
Además de ese volumen, el investigador descubrió que habían sido «importados» por allí otros 9 millones de dólares (unos 252 millones de pesos) en aceites y manteca, que traían particulares a través del Idema.
¿Dónde estaba esa cantidad? Él sabía que había llegado y salido inmediatamente para los países limítrofes. Estaba seguro de que el pueblo colombiano —-que hacía agotadoras colas ante el drama de la escasez de ese mismo producto en todo el país—- no las había consumido.
Y —según él— fue en este punto que sus superiores le hicieron enterrar la investigación que, agrega, hoy puede ser continuada y finalizada fácilmente.
Lo último que el visitador pudo comenzar a destapar —-a pesar de la oposición de sus superiores en la Contraloría—- fue la evasión de más de 1.000 millones de pesos en impuestos que, hasta hace un año, había cometido la firma norteamericana General Electric-Caterpillar (en el lapso de tres años).
Él dice que comprobó cómo esa empresa importa tractores equipados y en la misma zona franca los desarma parcialmente. Paga impuestos por el tractor desnudo, y aparte por los complementos. Posteriormente los saca de allí, reensambla el tractor nuevamente y se ahorra cerca del 40 por ciento de los gravámenes que debía rendirle al fisco colombiano.
Según el investigador en este caso hay dos delitos más: el de contrabando, porque la General Electric-Caterpillar no tiene permiso para ensamblar en el país, y porque para importar las piezas que le quita a los tractores debe tener una licencia de Forjas de Colombia, ya que éstas son fabricadas también en el país.
Para protegerse por tratarse de delitos grandes, el visitador demuestra que envió a su compañero Manuel Coll Vargas a Bogotá, para que entregara una consulta al respecto al jefe de División de Finanzas de la Contraloría, Hermes Silva.
De su respuesta depende que no se siga engañando al tesoro nacional. Sin embargo, «luego de un año de pedir la respuesta mediante llamadas telefónicas y de varios viajes expresos hasta Bogotá en busca de lo mismo, la Contraloría continúa callada», explica finalmente.
Bogotá, 15 de diciembre de 1974 a 13 de enero de 1975
* * *
Enero 17 de 1975 El presidente Alfonso López Michelsen convocó al Congreso a sesiones extraordinarias a partir de febrero, para que se ocupe deestudiar una ley que modifique la Contraloría General de la República.
Abril 4 La Cámara de Representantes aprobó el nuevo estatuto de la Contraloría pero negó facultades al presidente de la República para reorganizar la planta de personal.
Octubre 1º La Corte Suprema de Justicia, en una decisión sin antecedentes en el país, llamó a juicio al contralor general de la República, para que responda por las acusaciones de peculado y falsedad en documentos públicos.
Octubre 4 La Corte ordenó la detención preventiva del contralor.
Octubre 13 El ex-contralor general de la República se internó en la Clínica Palermo de Bogotá, alegando dolencias cardiovasculares.
Octubre 31 La Corte suspendió la detención precautelativa al ex- contralor de acuerdo con la ley penal que lo ordena, en caso de que el sentenciado o encarcelado sufra enfermedad grave.
Diciembre 3 – La Corte abrió una nueva causa criminal contra el ex-contralor Escallón, por los delitos de peculado y falsedad. Dentro del proceso se ordena la detención precautelativa del acusado.
Enero 10 de 1976 Aquejado por nueva crisis cardiovascular, el ex-contralor viajó a Houston y se internó en la clínica Saint Luke. Escallón se trasladó primero a Quito y desde allí partió para Estados Unidos. Su salida de Colombia se hizo sin pedir autorización a la Corte.
Enero 16 de 1976 La Corte acordó ayer solicitar al gobierno de Estados Unidos la extradición del ex-contralor.
Febrero 3 de 1976 El ex-contralor abandonó la Clínica Saint Luke y, según la Procuraduría, habría marchado al Canadá, país que no tiene tratado de extradición con Colombia.