Germán Castro Caycedo logró un récord insuperable en medio siglo de ejercicio periodístico: nunca tuvo que retractarse. Su trabajo fue impecable y apegado a cada una de las reglas elementales de su labor: consultar las fuentes y contar los hechos desde la experiencia de sus protagonistas con un magistral estilo, usando la majestad de la crónica, el mayor género periodístico.

Su nombre trascendió en momentos claves de la historia colombiana, recibiendo el respeto de los actores políticos y reconocimiento de sus colegas que vieron en su figura la reportería, la profundidad, la investigación y la calidad en la escritura para llegar hasta los espacios más recónditos; los cuales, la prensa a veces ni siquiera alcanza a tocar en pleno siglo XXI.

Uno de sus grandes anhelos, en sus últimos años de vida, fue que el oficio que lo apasionaba volver a tener la influencia y la credibilidad entre los ciudadanos. Hablaba del rigor, de la importancia de investigar y del poder del reportaje. Fue un crítico de la adaptación resignada, porque el periodista debe salirse de los esquemas y buscar en el terreno la realidad que hay que contar.

Uno de sus más memorables trabajos, que sirvió para desenmascarar un escándalo de corrupción que sacudió al país, fue la investigación a la Contraloría General de la República en el año 1975, una serie de crónicas que revelaron la corrupción en la administración pública, en la que los funcionarios eran fichas sustituibles para los congresistas de turno y se lucraban descaradamente a expensas de su cargo.

Contrabando, desfalco, cohecho y otros tantos delitos que parecían suceder en la cara del contralor general y que afectaron entidades y empresas estatales como la a Aeronáutica Civil, Ferrocarriles Nacionales, Corpal, lnalpro, ldema, Aduana, entre otras. Parecía que no existían sanciones ni control alguno, pues los funcionarios se concebían omnipotentes bajo el padrinazgo de los políticos. La entidad se había convertido en un auténtico nido de corruptela e impunidad a merced del poder.

En varias entregas, Castro Caycedo fue revelando los más increíbles sucesos que representaron millones para el fisco, los cuales fueron desviados para lujos y dádivas. Nunca antes se había evidenciado un modus operandi del aparentemente invencible círculo de intereses de la alta política, pero él lo hizo con datos incontrovertibles que pusieron en la palestra a los directos responsables.

El contralor Julio Enrique Escallón Ordóñez, terminó saliendo del país y evadiendo la justicia.

Lea aquí la investigación a la Contraloría, registrada en un capítulo del libro ‘Colombia Amarga’:

MinTIC y centros poblados: ¿una historia repetida?

Este año, la periodista Paola Herrera de W Radio recibió el premio a Periodista del Año en los Premios de Periodismo Simón Bolívar, un merecido reconocimiento a quien nos recuerda este episodio de Germán Castro Caycedo, batallando por los intereses de los ciudadanos y por los recursos públicos. Ella demostró cómo los contratistas más corrompidos han podido seguir contratando impunemente con el Estado y en qué terminan precisamente estas acciones: en la pérdida de recursos que deberían ser destinados a asuntos como proveer de internet a los centros de educación rural.

El caso de MinTIC y centros poblados, parece ser una historia que se repite a lo largo de la historia. Para los más pesimistas, es una tragedia perpetuada en la historia de Colombia; para los optimistas, es la esencia del quehacer periodístico, la opción por la que habría optado Germán si estuviera vivo, pues nadie le tenía tanta fe a Colombia como él.

La lucha contra la corrupción como pretexto para amordazar a la prensa

Si Castro Caycedo hubiera visto el taimado intento de amordazar a la prensa, bajo el proyecto de ley 369 de 2021, a través del la cual «se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción»; hubiera estado al frente del rechazo masivo que generó este despropósito; pues su objetivo, según rezaba el polémica artículo 68, era endurecer las sanciones por injuria y calumnia. Así, quien fuera descubierto denunciando “hechos falsos” sobre un funcionario o exfuncionario público, o sus familias, podría someterse desde 60 a 120 meses de prisión, además de una multa de hasta 13.000 salarios mínimos; esto, sin mencionar la eliminación de cualquier tipo de beneficio penal.

Un arma letal para que los políticos intimidaran y perseguieran judicialmente a los periodistas, al amparo de un artículo que los habría hecho intocables e incontrolables. La retractación hubiera sido eliminada de facto y la pena por este tipo de errores sería un importante limitante para aventurarse a hacer las denuncias.

Enhorabuena las quejas llegaron desde la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP y de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, como también de la academia, los medios y algunos políticos a los que les parece importante la libertad de expresión.

El periodismo no desfallece, se conserva, mantiene vivo el poder de la ciudadanía con la lupa sobre la gestión de quienes deben responderles desde el ejercicio de la política. En una de sus últimas entrevistas, a Germán Castro Caycedo le preguntaron que, si volviera a hacer un capítulo del mítico programa ‘Enviado Especial’, sobre qué sería, su respuesta fue inmediata: denuncia.

“Bueno, desde el punto de vista de denuncia, haría uno sobre el apocalipsis en el que estamos en este momento con la minería legal e ilegal de oro y coltán, la destrucción de la selva, del agua. Tengo ahorita unas 60 fotos aéreas con pequeños desiertos de 10 kms, en el cauce y en el nacimiento de los ríos. De eso el país no se ha dado cuenta”.